En el Día Internacional contra el Consumismo, la Coordinadora Verde
recuerda que hay otras formas de intercambio de bienes, productos y
servicios fuera del consumismo irresponsable. El abuso del consumo en
los países ricos empobrece a los que no lo son, cuyo territorio es
esquilmado por la brutal huella ecológica de los países “desarrollados”.
Para Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde “el intercambio
de bienes y servicios debe servir para cubrir las necesidades reales.
El actual sistema de crecimiento económico infinito basado en el
crecimiento sin fin del consumo es perverso, conduce al
empobrecimiento de los países del Sur que soportan la huella ecológica
de las naciones ricas, aportando la materia prima para todos nuestros
excesos. El medio ambiente y la sociedad resultan devastados por la
obesidad económica del primer mundo que ha contraído una deuda
ecológica con los Países del Sur. Cuanto antes, debemos salir de este
consumismo diseñado, que agota los recursos naturales y que llena el
mundo de vertederos con productos efímeros, innecesarios y de vida
corta”.
Prosigue la coportavoz de la organización ecologista que ante un día
de reflexión como el día son compras, se pide "una apuesta activa por
otro modelo de producción y consumo, donde el eje sea la optimización
de los beneficios sociales y ecológicos, la justicia ambiental y
social, la redefinición de la riqueza y la no dependencia del
consumismo y el respeto de la biosfera”.
En palabras de Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora
Verde, "Las alternativas son claras para la Coordinadora Verde:
simplificar, cambiar nuestro sistema de necesidades, emplear monedas
locales y sistemas de trueque e intercambio local (Bancos de Tiempo
por ejemplo), fomentar los circuitos cortos de producción-consumo,
reparar, reutilizar, reciclar, no dejar huella de residuos, no abusar
de los países del Sur. En este camino, se trata de fomentar un
decrecimiento selectivo y justo de modo que se aliente, a través de
vías únicamente democráticas, la disminución de nuestro consumo de
recursos naturales donde resulta necesario (principalmente en el
Norte) y se promueva el crecimiento sustentable donde es posible y
deseable (principalmente en los países del Sur). Dicho de otra manera,
se trata de "vivir mejor con menos"."
Serge Latouche, uno de los teóricos del decrecimiento, retrata la
perversidad del sistema consumista:
“Se necesitan tres ingredientes para que la sociedad de consumo pueda
continuar su ronda diabólica: la publicidad, que crea el deseo de
consumir; el crédito, que proporciona los medios, y la obsolescencia
acelerada y programada de los productos, que renueva la
necesidad” (Latouche, 2009. Pequeño tratado del decrecimiento sereno.
Icaria, Barcelona. p.26)
Desde la Coordinadora Verde, nos hacemos eco de las 8R de la teoría
del decrecimiento:
1- Revaluar- Cambiar los valores
2- Reconceptualizar- “Deconstruir” conceptos (pobreza, riqueza,
escasez, abundancia…), repensarlos y volverlos a definir
3- Reestructurar- Adaptar el aparato de producción y las relaciones
sociales en función del cambio de valores
4- Redistribuir- repartición de riquezas así como el acceso al
patrimonio natural
5- Relocalizar- Producir localmente los bienes esenciales. Anclaje
territorial
6- Reducir- Reducir no solo el impacto de nuestras maneras de producir
y consumir, sino reducir también los riesgos sanitarios, los horarios
de trabajo, el turismo de masas.
7- Reutilizar
8- Reciclar
*Llamamiento europeo a favor de Aminatou Haidar y del Sáhara Occidental*
*La Coordinadora Verde** respalda la iniciativa de eurodiputados y
eurodiputadas, entre ellos 11 del Grupo Verde europeo, a favor del retorno
inmediato de Aminatou Haidar al Sáhara Occidental. Recuerda también el papel
central que deberían jugar la Unión Europea y España para sacar al conflicto
de Sáhara Occidental del callejón sin salida en el que está actualmente.*
En palabras de Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora
Verde, "España
y la Unión europea deberían adoptar una estrategia asertiva de *solucionar
los conflictos congelados en su vecindad*, usando todos los medios
humanitarios y diplomáticos disponibles, empezando por permitir, sin ningún
tipo de retraso, el *retorno inmediato de Aminatou Haidar con los suyos*.
Sin un compromiso fuerte para la resolución de conflictos como el del Sáhara
Occidental (como la creación de un cuerpo europeo de paz), Europa nunca
afirmará su posición como actor global en la nueva realidad del siglo XXI y,
sin ello permaneceremos dependientes de las iniciativas de otros países para
nuestra seguridad y la seguridad global. En este marco, *rechazamos la
explotación de recursos naturales en el territorio del Sáhara Occidental*,
incluyendo la industria pesquera explotada por Estados miembros como España,
conforme a *dudosos Acuerdos de Pesca con Marruecos*."
Sonia Ortiga, coportavoz de la organización ecologista, añade que "*la
Unión Europea** y España tienen la clave y los recursos para sacar al
conflicto de Sáhara Occidental del callejón sin salida en que se encuentra *y
acabar con el sufrimiento humano y la violación continua de los derechos
sociales, políticos y económicos de los saharauis. Deberían animar y apoyar
las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario para
alcanzar un acuerdo, ofreciendo la recepción de una nueva ronda de
negociaciones en el territorio europeo, si fuera necesario. El marco de la
negociación debería ser, como se contemplaba en *el Plan de Panadero II*,
con un referéndum eventual, que fue acordado por ambas partes, pero que
actualmente está siendo violado por Marruecos."
*LLAMAMIENTO URGENTE DE EURODIPUTADOS Y EURODIPUTADAS
*
La defensora saharui de los derechos humanos y antigua prisionera política
Aminatou Haidar fue detenida por las autoridades marroquíes en el aeropuerto
de El Aaiún el pasado 13 de noviembre y después deportada a Lanzarote. Esto
se produjo a su vuelta de un viaje por diversos países del mundo, incluyendo
los Estados Unidos, donde había recibido el premio "Civil Courage Award
2009", concedido por la Fundación Train.
Durante este viaje, Aminatou Haidar ha denunciado, una vez más, la represión
que llevan a cabo las autoridades marroquíes en los territorios ocupados del
Sahara Occidental y ha lanzado un llamamiento urgente por la liberación
inmediata e incondicional de los siete miembros de diversas organizaciones
defensoras de los derechos humanos y otros grupos sociales detenidos el
pasado 8 de octubre. Estos militantes, preocupados desde hace largo tiempo
por la situación en el Sahara Occidental y ocupados en la recolección de
información sobre las violaciones de los derechos humanos allí cometidas,
serán juzgados ante un tribunal militar acusados de varios cargos, entre
ellos el de atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado
marroquí y el de agresión contra la integridad del reino. Se enfrentan a una
posible pena de muerte.
Nosotros/as, parlamentarios/as europeos/as, hacemos un llamamiento urgente a
las autoridades marroquíes para que.
-permitan, sin ningún tipo de retraso, el retorno inmediato de Aminatou
Haidar con los suyos;
-cumplan el artículo 9 de la Constitución marroquí, así como las
obligaciones derivadas del artículo 19 del Pacto Internacional de derechos
civiles y políticos, respetando la libertad de expresión y liberando
inmediatamente a Ahmed Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh
Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir et Ali Salem Tamek así como a todos los
demás presos políticos saharauis;
-permitan la entrada y libre circulación por el territorio de los
observadores internacionales y los enviados de los medios de comunicación y
tomen medidas concretas para permitir a todos los saharauis el pleno
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de
reunión, reconocido por el derecho internacional;
-permitan a los defensores saharauis de los derechos humanos la recolección
y difusión de información y opiniones sobre la cuestión de los derechos
humanos, sin que por ello sean perseguidos, acosados o víctimas de
tentativas de intimidación, derecho recogido en la Declaración sobre el
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1998.
Bruselas, a 18 de noviembre de 2009
Firmado por:
Ana Gomes, Miguel Portas, *Raul Romeva (Los Verdes)*, Willy Meyer, Judith
Sargentini, *Ska Keller (Los Verdes), *Jill Evans, Barbara Lochbihler, *Ulrike
Lunacek (Los Verdes), Nicole Kiil-Nielsen (Los Verdes)*, Frieda Brepoels,
Michael Cashman, *Jean-Paul Besset (Los Verdes), *Françoise Castex, *Bart
Staes (Los Verdes), *Oriol Junqueras, Vies, *Heide Rühle (Los Verdes), *Norbert
Neuser, Rui Tavares, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Eva-Britt Svensson,
Lothar Bisky, *José Bové (Los Verdes)*, Linda Mcaven, François
Alfonsi,*Pascal Canfin (Los Verdes), Yannick Jadot (Los Verdes),
Catherine Grèze (Los
Verdes)*, Guido Milana.
eurodiputadas, entre ellos 11 del Grupo Verde europeo, a favor del retorno
inmediato de Aminatou Haidar al Sáhara Occidental. Recuerda también el papel
central que deberían jugar la Unión Europea y España para sacar al conflicto
de Sáhara Occidental del callejón sin salida en el que está actualmente.*
En palabras de Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora
Verde, "España
y la Unión europea deberían adoptar una estrategia asertiva de *solucionar
los conflictos congelados en su vecindad*, usando todos los medios
humanitarios y diplomáticos disponibles, empezando por permitir, sin ningún
tipo de retraso, el *retorno inmediato de Aminatou Haidar con los suyos*.
Sin un compromiso fuerte para la resolución de conflictos como el del Sáhara
Occidental (como la creación de un cuerpo europeo de paz), Europa nunca
afirmará su posición como actor global en la nueva realidad del siglo XXI y,
sin ello permaneceremos dependientes de las iniciativas de otros países para
nuestra seguridad y la seguridad global. En este marco, *rechazamos la
explotación de recursos naturales en el territorio del Sáhara Occidental*,
incluyendo la industria pesquera explotada por Estados miembros como España,
conforme a *dudosos Acuerdos de Pesca con Marruecos*."
Sonia Ortiga, coportavoz de la organización ecologista, añade que "*la
Unión Europea** y España tienen la clave y los recursos para sacar al
conflicto de Sáhara Occidental del callejón sin salida en que se encuentra *y
acabar con el sufrimiento humano y la violación continua de los derechos
sociales, políticos y económicos de los saharauis. Deberían animar y apoyar
las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario para
alcanzar un acuerdo, ofreciendo la recepción de una nueva ronda de
negociaciones en el territorio europeo, si fuera necesario. El marco de la
negociación debería ser, como se contemplaba en *el Plan de Panadero II*,
con un referéndum eventual, que fue acordado por ambas partes, pero que
actualmente está siendo violado por Marruecos."
*LLAMAMIENTO URGENTE DE EURODIPUTADOS Y EURODIPUTADAS
*
La defensora saharui de los derechos humanos y antigua prisionera política
Aminatou Haidar fue detenida por las autoridades marroquíes en el aeropuerto
de El Aaiún el pasado 13 de noviembre y después deportada a Lanzarote. Esto
se produjo a su vuelta de un viaje por diversos países del mundo, incluyendo
los Estados Unidos, donde había recibido el premio "Civil Courage Award
2009", concedido por la Fundación Train.
Durante este viaje, Aminatou Haidar ha denunciado, una vez más, la represión
que llevan a cabo las autoridades marroquíes en los territorios ocupados del
Sahara Occidental y ha lanzado un llamamiento urgente por la liberación
inmediata e incondicional de los siete miembros de diversas organizaciones
defensoras de los derechos humanos y otros grupos sociales detenidos el
pasado 8 de octubre. Estos militantes, preocupados desde hace largo tiempo
por la situación en el Sahara Occidental y ocupados en la recolección de
información sobre las violaciones de los derechos humanos allí cometidas,
serán juzgados ante un tribunal militar acusados de varios cargos, entre
ellos el de atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado
marroquí y el de agresión contra la integridad del reino. Se enfrentan a una
posible pena de muerte.
Nosotros/as, parlamentarios/as europeos/as, hacemos un llamamiento urgente a
las autoridades marroquíes para que.
-permitan, sin ningún tipo de retraso, el retorno inmediato de Aminatou
Haidar con los suyos;
-cumplan el artículo 9 de la Constitución marroquí, así como las
obligaciones derivadas del artículo 19 del Pacto Internacional de derechos
civiles y políticos, respetando la libertad de expresión y liberando
inmediatamente a Ahmed Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh
Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir et Ali Salem Tamek así como a todos los
demás presos políticos saharauis;
-permitan la entrada y libre circulación por el territorio de los
observadores internacionales y los enviados de los medios de comunicación y
tomen medidas concretas para permitir a todos los saharauis el pleno
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de
reunión, reconocido por el derecho internacional;
-permitan a los defensores saharauis de los derechos humanos la recolección
y difusión de información y opiniones sobre la cuestión de los derechos
humanos, sin que por ello sean perseguidos, acosados o víctimas de
tentativas de intimidación, derecho recogido en la Declaración sobre el
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1998.
Bruselas, a 18 de noviembre de 2009
Firmado por:
Ana Gomes, Miguel Portas, *Raul Romeva (Los Verdes)*, Willy Meyer, Judith
Sargentini, *Ska Keller (Los Verdes), *Jill Evans, Barbara Lochbihler, *Ulrike
Lunacek (Los Verdes), Nicole Kiil-Nielsen (Los Verdes)*, Frieda Brepoels,
Michael Cashman, *Jean-Paul Besset (Los Verdes), *Françoise Castex, *Bart
Staes (Los Verdes), *Oriol Junqueras, Vies, *Heide Rühle (Los Verdes), *Norbert
Neuser, Rui Tavares, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Eva-Britt Svensson,
Lothar Bisky, *José Bové (Los Verdes)*, Linda Mcaven, François
Alfonsi,*Pascal Canfin (Los Verdes), Yannick Jadot (Los Verdes),
Catherine Grèze (Los
Verdes)*, Guido Milana.
Otra agricultura es posible y necesaria: ecológica y sostenible
La Coordinadora Verde ve en la producción agraria ecológica la solución a
los problemas del campo y un alivio a los problemas medioambientales. Para
Los Verdes el actual sistema productivo europeo es "tóxico" y sus primeras
víctimas son los propios agricultores y ganaderos
Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde considera que "*los
agricultores europeos son las primeras víctimas de este sistema productivo
tóxico*, que agrede a los productores, a los consumidores, al medioambiente
y a la economía. Urge pues un cambio real en los sistemas de producción
agrícola. Además de ralentizar y limitar la emisión de gases de efecto
invernadero, la agricultura del futuro debe de garantizar un suministro
alimentario local sostenible, garantizado unas condiciones de trabajo dignas
al campesinado, unos productos de calidad a los consumidores y preservando
así el medio ambiente."
Los Verdes proponen en toda Europa *una nueva agricultura sostenible* con
los siguientes requisitos estratégicos:
a) *Reducción del consumo energético, fertilizantes y pesticidas*.
Mantenimiento de la fertilidad a largo plazo de nuestros suelos agrícolas.
El cese de la agricultura intensiva y su paulatina sustitución por técnicas
propias de la agricultura orgánica.
b) El desarrollo de un *sector agropecuario diversificado y respetuoso con
las variedades locales* no exóticas y adaptadas al medio que consuman menos
recursos energéticos. La proximidad de la producción a los lugares de
consumo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la
preservación de la biodiversidad y los recursos naturales.
c) Fomentar el *cambio de hábitos alimentarios en los países ricos* y el no
cambio en los países emergentes, encaminándose hacia la reducción
significativa del consumo excesivo de proteínas animales, que están
provocando en su crianza la emisión de gases de efecto invernadero,
múltiples problemas de salud a la población, condiciones de cultivo no
sostenible y la deforestación en los países productores de carne o forraje.
d) *Acabar con la competencia desleal por parte de los sectores agrícolas
industriales subsidiados* de los países del Norte respecto a los países del
Sur que ven hundirse sus mercados locales, destruyen el modo de vida de sus
campesinos y provocan su dependencia de la ayuda alimentaria internacional
pretendidamente caritativa.
Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde pone el énfasis en
la *influencia
brutal de la agricultura en el cambio climático*: "Hoy en día la agricultura
contribuye directamente a un 14% de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Si incluimos, sin embargo, la deforestación provocada por la
producción industrial de soja, de biocombustibles, el uso de fertilizantes
químicos y la ganadería intensiva, *la contribución de la agricultura a la
alteración del clima es casi un de un 25%*.Este último dato a su vez no
cuantifica la energía necesaria para la fabricación de fertilizantes y el
transporte generado por el comercio agrícola, lo cual sin duda incrementaría
la contribución final de la agricultura intensiva e insostenible al problema
de las emisiones de gases de efecto invernadero. "
Para Sonia Ortiga la agricultura debe ser parte ineludible de la solución:
"El sector agrícola *ha pasado de ser un eficaz sumidero de gases de efecto
invernadero a ser un voraz consumidor de energía fósil*. De hecho, los
alimentos que llegan a nuestros platos consumen para su cultivo, de media,
diez veces más energía de la que nos proporcionan. La situación actual
comienza, por lo tanto, a rayar en lo absurdo, si a estos factores añadimos
que la agricultura industrial basada en monocultivos extensivos y el uso
abusivo de fertilizantes químicos y pesticidas contribuye, y mucho, a la
pérdida de la biodiversidad vegetal y animal en el planeta".
En palabras de Florent Marcellesi, "es necesario consolidar el empleo de la
fuerza de trabajo endógena, mediante la promoción del ahorro de energía y de
tecnologías adaptadas a las condiciones locales. Se deben reemplazar los
cultivos de productos para la exportación por el cultivo de *alimentos
ecológicos para los mercados locales*, lo cual fomenta el desarrollo
económico local, *estabiliza los mercados* e independiza a los productores
de los vaivenes internacionales y de intereses especulativos en mercados de
futuros. La agricultura ecológica no ha notado la crisis."
los problemas del campo y un alivio a los problemas medioambientales. Para
Los Verdes el actual sistema productivo europeo es "tóxico" y sus primeras
víctimas son los propios agricultores y ganaderos
Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde considera que "*los
agricultores europeos son las primeras víctimas de este sistema productivo
tóxico*, que agrede a los productores, a los consumidores, al medioambiente
y a la economía. Urge pues un cambio real en los sistemas de producción
agrícola. Además de ralentizar y limitar la emisión de gases de efecto
invernadero, la agricultura del futuro debe de garantizar un suministro
alimentario local sostenible, garantizado unas condiciones de trabajo dignas
al campesinado, unos productos de calidad a los consumidores y preservando
así el medio ambiente."
Los Verdes proponen en toda Europa *una nueva agricultura sostenible* con
los siguientes requisitos estratégicos:
a) *Reducción del consumo energético, fertilizantes y pesticidas*.
Mantenimiento de la fertilidad a largo plazo de nuestros suelos agrícolas.
El cese de la agricultura intensiva y su paulatina sustitución por técnicas
propias de la agricultura orgánica.
b) El desarrollo de un *sector agropecuario diversificado y respetuoso con
las variedades locales* no exóticas y adaptadas al medio que consuman menos
recursos energéticos. La proximidad de la producción a los lugares de
consumo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la
preservación de la biodiversidad y los recursos naturales.
c) Fomentar el *cambio de hábitos alimentarios en los países ricos* y el no
cambio en los países emergentes, encaminándose hacia la reducción
significativa del consumo excesivo de proteínas animales, que están
provocando en su crianza la emisión de gases de efecto invernadero,
múltiples problemas de salud a la población, condiciones de cultivo no
sostenible y la deforestación en los países productores de carne o forraje.
d) *Acabar con la competencia desleal por parte de los sectores agrícolas
industriales subsidiados* de los países del Norte respecto a los países del
Sur que ven hundirse sus mercados locales, destruyen el modo de vida de sus
campesinos y provocan su dependencia de la ayuda alimentaria internacional
pretendidamente caritativa.
Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde pone el énfasis en
la *influencia
brutal de la agricultura en el cambio climático*: "Hoy en día la agricultura
contribuye directamente a un 14% de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Si incluimos, sin embargo, la deforestación provocada por la
producción industrial de soja, de biocombustibles, el uso de fertilizantes
químicos y la ganadería intensiva, *la contribución de la agricultura a la
alteración del clima es casi un de un 25%*.Este último dato a su vez no
cuantifica la energía necesaria para la fabricación de fertilizantes y el
transporte generado por el comercio agrícola, lo cual sin duda incrementaría
la contribución final de la agricultura intensiva e insostenible al problema
de las emisiones de gases de efecto invernadero. "
Para Sonia Ortiga la agricultura debe ser parte ineludible de la solución:
"El sector agrícola *ha pasado de ser un eficaz sumidero de gases de efecto
invernadero a ser un voraz consumidor de energía fósil*. De hecho, los
alimentos que llegan a nuestros platos consumen para su cultivo, de media,
diez veces más energía de la que nos proporcionan. La situación actual
comienza, por lo tanto, a rayar en lo absurdo, si a estos factores añadimos
que la agricultura industrial basada en monocultivos extensivos y el uso
abusivo de fertilizantes químicos y pesticidas contribuye, y mucho, a la
pérdida de la biodiversidad vegetal y animal en el planeta".
En palabras de Florent Marcellesi, "es necesario consolidar el empleo de la
fuerza de trabajo endógena, mediante la promoción del ahorro de energía y de
tecnologías adaptadas a las condiciones locales. Se deben reemplazar los
cultivos de productos para la exportación por el cultivo de *alimentos
ecológicos para los mercados locales*, lo cual fomenta el desarrollo
económico local, *estabiliza los mercados* e independiza a los productores
de los vaivenes internacionales y de intereses especulativos en mercados de
futuros. La agricultura ecológica no ha notado la crisis."
Los Verdes conmemorarán el 25 aniversario de su constitución
Imágenes en http://www.hondarribiaverde.org/2009/11/los-verdes-conmemoraran-el-25.html
El 23 de noviembre de 1984 quedaba inscrito formalmente en el Ministerio del Interior el partido de Los Verdes, tras el reconocimiento, meses antes, de la necesidad de que el movimiento ecologista pasara a la acción política directamente. De hecho el 29 de mayo de 1983, con el impulso y la presencia de la activista verde alemana Petra Kelly, el Manifiesto de Tenerife plasmaba que "tras largos años de experiencia del movimiento ecologista hemos comprobado que, paralelo al ejercicio irrenunciable de la presión social (...) es indispensable que nuestra voz se escuche en todas cuantas instancias consultivas, deliberantes y decisorias intervienen en el campo del medio ambiente." Recordando que "los partidos políticos actualmente existentes en nuestro país, no cubren la necesidad de dar respuesta a las aspiraciones por conseguir cotas crecientes de calidad de vida y de disfrute adecuado de los recursos naturales" (...), "consideramos indispensable la existencia de una formación política comprometida con nuestra concepción global de la vida y de las relaciones del ser humano con su entorno."
Veinticinco años después, según Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, “el Manifiesto de Tenerife sigue siendo de rabiosa actualidad, porque continúan dándose las mismas o peores circunstancias sociales y medioambientales que lo propiciaron en su día: más que nunca necesitamos en España un proyecto político que luche por la sostenibilidad y justicia social. Para conseguir este objetivo y a diferencia del 1983, hay que arrimar hombro con hombro y clamar por la unidad de acción de todos los movimientos verdes y ecologistas del Estado que posibilite en el futuro la presencia verde en las instituciones.”
Precisamente para alcanzar esa unidad de acción es por lo que surgió hace ya más de un año el llamado movimiento de Hondarribia, una iniciativa de las bases verdes de cinco partidos de distintas comunidades autonómicas que, según afirmaron en una declaración conjunta (junio 2008), “no existen diferencias ideológicas que justifiquen las actuales divisiones entre nosotros” y “es necesario un giro de 180 grados para consolidar un movimiento autónomo, relevante y cohesionado que incluya a todas las opciones verdes”. Como resultado del cuarto encuentro en Huesca de este movimiento (julio 2009) que no ha dejado de crecer desde su constitución, que fue capaz de organizar la Primera Universidad de verano de Los Verdes y que cuenta con el apoyo y las simpatías del Partido Verde europeo, surge la propia Coordinadora Verde con el objetivo de dar visibilidad pública al proyecto y a sus propuestas políticas.
En otras palabras, según Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista, "la Coordinadora Verde es un espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes -locales, autonómicos o estatales- , así como a colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en España. Busca caminar hacia la unidad de acción de quienes se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde a partir del trabajo en red de las bases del movimiento ecologista. Tomamos ejemplo de nuestros vecinos y vecinas de Francia, que con su coordinadora Europe Écologie y su espectacular resultado en las europeas, nos han mostrado el camino a seguir.”
Para avanzar en esta dinámica ilusionante y esperanzadora, tendrá lugar el quinto encuentro de Hondarribia los próximos días 5 y 6 de diciembre en Fuengirola (Málaga), donde acudirán activistas verdes y ecologistas del Estado con un apretado orden del día. Durante la reunión se tratarán, entre otros asuntos, la estrategia y calendario para 2010 del movimiento de Hondarribia, la profundización de la unidad de acción de las bases verdes y ecologistas, el asentamiento de la Coordinadora Verde en todo el territorio, el traslado a España de las propuestas del Partido Verde europeo o la preparación de la II Universidad Verde de Verano. Contaremos, entre otros, con la presencia de varias organizaciones observadoras como el Partido Verde europeo, Iniciativa Per Catalunya-Verds, Jóvenes Verdes o el PACMA.
La Coordinadora Verde llama a todos los actores verdes de España para que acudan al quinto encuentro abierto de Hondarribia donde seguirá consensuando las pautas que nos lleven a conformar el espacio de la ecología política en España.
Más información sobre el V encuentro de Hondarribia en Málaga (5-6 de diciembre: Hotel Torreblanca de la localidad malagueña de Fuengirola):http://www.hondarribiaverde.org/2009/11/hondarribia-50.html
Más información sobre el nacimiento de Los Verdes:Véase la web de Francisco Barreda, portavoz entonces del grupo canario que constituyó el partido político de ámbito estatal Los Verdes: http://www.pacobarreda.es
Manifiesto de Tenerife disponible en Ecopolítica: http://ecopolitica.galaxiaverde.org/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=60
El 23 de noviembre de 1984 quedaba inscrito formalmente en el Ministerio del Interior el partido de Los Verdes, tras el reconocimiento, meses antes, de la necesidad de que el movimiento ecologista pasara a la acción política directamente. De hecho el 29 de mayo de 1983, con el impulso y la presencia de la activista verde alemana Petra Kelly, el Manifiesto de Tenerife plasmaba que "tras largos años de experiencia del movimiento ecologista hemos comprobado que, paralelo al ejercicio irrenunciable de la presión social (...) es indispensable que nuestra voz se escuche en todas cuantas instancias consultivas, deliberantes y decisorias intervienen en el campo del medio ambiente." Recordando que "los partidos políticos actualmente existentes en nuestro país, no cubren la necesidad de dar respuesta a las aspiraciones por conseguir cotas crecientes de calidad de vida y de disfrute adecuado de los recursos naturales" (...), "consideramos indispensable la existencia de una formación política comprometida con nuestra concepción global de la vida y de las relaciones del ser humano con su entorno."
Veinticinco años después, según Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, “el Manifiesto de Tenerife sigue siendo de rabiosa actualidad, porque continúan dándose las mismas o peores circunstancias sociales y medioambientales que lo propiciaron en su día: más que nunca necesitamos en España un proyecto político que luche por la sostenibilidad y justicia social. Para conseguir este objetivo y a diferencia del 1983, hay que arrimar hombro con hombro y clamar por la unidad de acción de todos los movimientos verdes y ecologistas del Estado que posibilite en el futuro la presencia verde en las instituciones.”
Precisamente para alcanzar esa unidad de acción es por lo que surgió hace ya más de un año el llamado movimiento de Hondarribia, una iniciativa de las bases verdes de cinco partidos de distintas comunidades autonómicas que, según afirmaron en una declaración conjunta (junio 2008), “no existen diferencias ideológicas que justifiquen las actuales divisiones entre nosotros” y “es necesario un giro de 180 grados para consolidar un movimiento autónomo, relevante y cohesionado que incluya a todas las opciones verdes”. Como resultado del cuarto encuentro en Huesca de este movimiento (julio 2009) que no ha dejado de crecer desde su constitución, que fue capaz de organizar la Primera Universidad de verano de Los Verdes y que cuenta con el apoyo y las simpatías del Partido Verde europeo, surge la propia Coordinadora Verde con el objetivo de dar visibilidad pública al proyecto y a sus propuestas políticas.
En otras palabras, según Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista, "la Coordinadora Verde es un espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes -locales, autonómicos o estatales- , así como a colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en España. Busca caminar hacia la unidad de acción de quienes se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde a partir del trabajo en red de las bases del movimiento ecologista. Tomamos ejemplo de nuestros vecinos y vecinas de Francia, que con su coordinadora Europe Écologie y su espectacular resultado en las europeas, nos han mostrado el camino a seguir.”
Para avanzar en esta dinámica ilusionante y esperanzadora, tendrá lugar el quinto encuentro de Hondarribia los próximos días 5 y 6 de diciembre en Fuengirola (Málaga), donde acudirán activistas verdes y ecologistas del Estado con un apretado orden del día. Durante la reunión se tratarán, entre otros asuntos, la estrategia y calendario para 2010 del movimiento de Hondarribia, la profundización de la unidad de acción de las bases verdes y ecologistas, el asentamiento de la Coordinadora Verde en todo el territorio, el traslado a España de las propuestas del Partido Verde europeo o la preparación de la II Universidad Verde de Verano. Contaremos, entre otros, con la presencia de varias organizaciones observadoras como el Partido Verde europeo, Iniciativa Per Catalunya-Verds, Jóvenes Verdes o el PACMA.
La Coordinadora Verde llama a todos los actores verdes de España para que acudan al quinto encuentro abierto de Hondarribia donde seguirá consensuando las pautas que nos lleven a conformar el espacio de la ecología política en España.
Más información sobre el V encuentro de Hondarribia en Málaga (5-6 de diciembre: Hotel Torreblanca de la localidad malagueña de Fuengirola):http://www.hondarribiaverde.org/2009/11/hondarribia-50.html
Más información sobre el nacimiento de Los Verdes:Véase la web de Francisco Barreda, portavoz entonces del grupo canario que constituyó el partido político de ámbito estatal Los Verdes: http://www.pacobarreda.es
Manifiesto de Tenerife disponible en Ecopolítica: http://ecopolitica.galaxiaverde.org/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=60
Alakrana: la Coordinadora Verde pide un giro en la política pesquera de los Países del Norte y llevará el asunto al Parlamento europeo
La Coordinadora Verde expresa su complacencia por el desenlace del secuestro de los marineros y felicita a los familiares por este final que rompe largos días de tensión. Como organización ecopacifista, la Coordinadora Verde no comparte en ningún caso la utilización del secuestro y la coacción que ejercen los piratas somalíes. Al mismo tiempo, ante la peligrosa escalada militar propuesta por los gobiernos europeos y español, llama a una profunda reflexión sobre la sobrepesca en el Océano Índico, causa de una disminución dramática de sus recursos naturales y del aumento de la pobreza, sobre todo en un Estado fallido como Somalia. Llevará el tema a través del Grupo Verde europeo en el Parlamento europeo.
En opinión del colectivo ecologista la preocupación por el estado de los marineros , ahora afortunadamente resuelta, no debe hacer olvidar la situación que ha pasado desapercibida durante todo este tiempo de expolio y deterioro medioambiental de los océanos y de los recursos pesqueros, en general, y de la región del Océano Índico en particular.
La portavoz de la Coordinadora Verde Sonia Ortiga declara que "La comunidad internacional consiente con su pasividad a la ruptura de Somalia como Estado y la miseria de su población. De hecho, estas poblaciones dependen de la pesca local para su subsistencia pero padecen la desaparición de sus recursos a mano de barcos extranjeros. Pedimos que la Unión europea y España aplique el concepto de coherencia que contiene sus políticas de cooperación para el desarrollo. De esta manera, no solo pedimos que se incremente los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sino también, y es lo fundamental, que todas las políticas de desarrollo europeas, estatales o autonómicas vayan en la misma línea de promover el "desarrollo humano sostenible". Las políticas de pesca y comerciales europea (como la Política Común de Pesca en revisión) y española no deben comprometer la capacidad de proporcionar un medio de vida tanto a la población de los países ribereños como a la de otros países que de manera legal pesque en esas aguas. En caso contrario, no es pesimista pronosticar un colapso de las capturas a escala mundial y situaciones de conflicto cada vez mayor en torno al control de los recursos naturales y a causa del aumento de la pobreza."
Para el coportavoz de la Coodinadora Verde Florent Marcellesi “tras la alegría que nos llevó la liberación de los marineros, es momento de reflexionar si más allá de la violencia provocada por los piratas hay otra violencia estructural por parte de los países del Norte. En otras palabras, un exceso de actividad pesquera que viola acuerdos internacionales que promueven la sostenibilidad provocando una pesca irregular en caladeros que están ya menguando, como indica la Comisión para el Atún en el Océano Índico (IOTC),. Aprovechándose de la casi inexistencia del Estado somalí y tras agotar sus propios recursos, las flotas europea y española mandan sus buques a sobrepescar en caladeros cada vez más reducidos. En un espíritu de neocolonialismo ecológico que denunciamos, lo hacen apoyados de sus fuerzas armadas y por mercenarios. Sin embargo, la solución a medio plazo no pasa por autorizar el armamento y más seguridad de los pesqueros sino por abordar la situación de pobreza de la región y de deterioro ambiental de los mares y sus recursos."
Para que el daño casi irreversible realizado a caladeros del atún del Pacífico y del Atlántico (cuyas cifras están en un 15% en relación con sus niveles preindustriales) no se traslade al Océano Índico y que se haga posible una justicia ambiental Norte-Sur, la Coordinadora Verde llama a reflexionar sobre la importancia de la pesca para la seguridad y soberanía alimentaria de muchos millones de personas de países del Sur y sobre la necesidad de apostar por una pesca sostenible (circuitos cortos de producción-consumo, ecoetiquetas independientes de pesca sostenible, artes tradicionales de pesca, etc.), principalmente en el Norte. La Coordinadora Verde llevará el asunto al Parlamento europeo a través del Grupo Verde europeo para que la Unión europea sea capaz de dar un giro a su Política Común de Pesca y aplique por fin el principio de coherencias de políticas de desarrollo.
Por último, la Coordinadora Verde estima necesario hacerse eco del enorme derroche de recursos públicos que ha supuesto el conjunto de la operación haciendo un llamamiento generalizado a una actuación responsable por parte de la flota pesquera de manera que se ajuste específicamente al marco de actuación vigente y no se vuelva a poner en situación de emergencia a un gobierno, una diplomacia y un sistema judicial sufragados con el esfuerzo de todos.
En opinión del colectivo ecologista la preocupación por el estado de los marineros , ahora afortunadamente resuelta, no debe hacer olvidar la situación que ha pasado desapercibida durante todo este tiempo de expolio y deterioro medioambiental de los océanos y de los recursos pesqueros, en general, y de la región del Océano Índico en particular.
La portavoz de la Coordinadora Verde Sonia Ortiga declara que "La comunidad internacional consiente con su pasividad a la ruptura de Somalia como Estado y la miseria de su población. De hecho, estas poblaciones dependen de la pesca local para su subsistencia pero padecen la desaparición de sus recursos a mano de barcos extranjeros. Pedimos que la Unión europea y España aplique el concepto de coherencia que contiene sus políticas de cooperación para el desarrollo. De esta manera, no solo pedimos que se incremente los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sino también, y es lo fundamental, que todas las políticas de desarrollo europeas, estatales o autonómicas vayan en la misma línea de promover el "desarrollo humano sostenible". Las políticas de pesca y comerciales europea (como la Política Común de Pesca en revisión) y española no deben comprometer la capacidad de proporcionar un medio de vida tanto a la población de los países ribereños como a la de otros países que de manera legal pesque en esas aguas. En caso contrario, no es pesimista pronosticar un colapso de las capturas a escala mundial y situaciones de conflicto cada vez mayor en torno al control de los recursos naturales y a causa del aumento de la pobreza."
Para el coportavoz de la Coodinadora Verde Florent Marcellesi “tras la alegría que nos llevó la liberación de los marineros, es momento de reflexionar si más allá de la violencia provocada por los piratas hay otra violencia estructural por parte de los países del Norte. En otras palabras, un exceso de actividad pesquera que viola acuerdos internacionales que promueven la sostenibilidad provocando una pesca irregular en caladeros que están ya menguando, como indica la Comisión para el Atún en el Océano Índico (IOTC),. Aprovechándose de la casi inexistencia del Estado somalí y tras agotar sus propios recursos, las flotas europea y española mandan sus buques a sobrepescar en caladeros cada vez más reducidos. En un espíritu de neocolonialismo ecológico que denunciamos, lo hacen apoyados de sus fuerzas armadas y por mercenarios. Sin embargo, la solución a medio plazo no pasa por autorizar el armamento y más seguridad de los pesqueros sino por abordar la situación de pobreza de la región y de deterioro ambiental de los mares y sus recursos."
Para que el daño casi irreversible realizado a caladeros del atún del Pacífico y del Atlántico (cuyas cifras están en un 15% en relación con sus niveles preindustriales) no se traslade al Océano Índico y que se haga posible una justicia ambiental Norte-Sur, la Coordinadora Verde llama a reflexionar sobre la importancia de la pesca para la seguridad y soberanía alimentaria de muchos millones de personas de países del Sur y sobre la necesidad de apostar por una pesca sostenible (circuitos cortos de producción-consumo, ecoetiquetas independientes de pesca sostenible, artes tradicionales de pesca, etc.), principalmente en el Norte. La Coordinadora Verde llevará el asunto al Parlamento europeo a través del Grupo Verde europeo para que la Unión europea sea capaz de dar un giro a su Política Común de Pesca y aplique por fin el principio de coherencias de políticas de desarrollo.
Por último, la Coordinadora Verde estima necesario hacerse eco del enorme derroche de recursos públicos que ha supuesto el conjunto de la operación haciendo un llamamiento generalizado a una actuación responsable por parte de la flota pesquera de manera que se ajuste específicamente al marco de actuación vigente y no se vuelva a poner en situación de emergencia a un gobierno, una diplomacia y un sistema judicial sufragados con el esfuerzo de todos.
La Coordinadora Verde critica la ausencia de democracia y la improvisación para la nominación del nuevo presidente de la Unión Europea.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea elegirá el jueves 19 de noviembre en Bruselas a su primer presidente del Consejo Europeo y el primer ministro de Asuntos Exteriores. Ante desafíos globales como el cambio climático, la Coordinadora Verde critica la ausencia total de democracia y de transparencia en la elección de estas figuras del nuevo tratado y lamenta la total improvisación de los Estados miembros, en detrimento de la construcción europea.
Según Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, "los Estados miembros y sus gobernantes ofrecen un espectáculo lamentable que aleja la Unión Europea del afán democrático que defendemos los verdes y ecologistas. Los líderes europeos tienen la oportunidad de transformar este momento en algo histórico para Europa, y la ciudadanía no sabemos nada: ni quiénes son los candidatos, que aparecen y desaparecen misteriosamente, ni cuál es su programa, ni sus ideas. Pero, sobre todo, estamos en una crisis económica y climática profunda, y elegir un presidente europeo y un ministro de Asuntos Exteriores es, a pocas semanas de la cumbre de Copenhague, más que un trámite administrativo. De cara a diciembre y a los próximos años, necesitamos una Europa fuerte capaz de llevar el liderazgo en la lucha mundial contra el cambio climatico ".
Sonia Ortiga, coportavoz igualmente de la Coordinadora Verde, explica que “ante este acontecimiento que marca el primer hito del Tratado de Lisboa, lamentamos la ausencia de preparación y transparencia. En vez de mercadeo y de negociaciones en la sombra, hubiéramos preferido un procedimiento claro por parte de la Unión Europea en el que se indicara el perfil de los candidatos y candidatas, los plazos para presentar candidaturas y la elaboración por su parte de un programa en relación con temas esenciales como pueden ser la gestión de la crisis económica o de los desafíos climáticos. Esta falta de improvisación se parece más a una voluntad deliberada para evitar que emerjan personalidades demasiadas fuertes, lo que va en detrimento de la construcción europea."
Según Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, "los Estados miembros y sus gobernantes ofrecen un espectáculo lamentable que aleja la Unión Europea del afán democrático que defendemos los verdes y ecologistas. Los líderes europeos tienen la oportunidad de transformar este momento en algo histórico para Europa, y la ciudadanía no sabemos nada: ni quiénes son los candidatos, que aparecen y desaparecen misteriosamente, ni cuál es su programa, ni sus ideas. Pero, sobre todo, estamos en una crisis económica y climática profunda, y elegir un presidente europeo y un ministro de Asuntos Exteriores es, a pocas semanas de la cumbre de Copenhague, más que un trámite administrativo. De cara a diciembre y a los próximos años, necesitamos una Europa fuerte capaz de llevar el liderazgo en la lucha mundial contra el cambio climatico ".
Sonia Ortiga, coportavoz igualmente de la Coordinadora Verde, explica que “ante este acontecimiento que marca el primer hito del Tratado de Lisboa, lamentamos la ausencia de preparación y transparencia. En vez de mercadeo y de negociaciones en la sombra, hubiéramos preferido un procedimiento claro por parte de la Unión Europea en el que se indicara el perfil de los candidatos y candidatas, los plazos para presentar candidaturas y la elaboración por su parte de un programa en relación con temas esenciales como pueden ser la gestión de la crisis económica o de los desafíos climáticos. Esta falta de improvisación se parece más a una voluntad deliberada para evitar que emerjan personalidades demasiadas fuertes, lo que va en detrimento de la construcción europea."
Los Verdes apoya la reducción de la jornada laboral y el reparto del trabajo, pero sin ERE
En referencia a las declaraciones de la ministra de economía, Elena Salgado y el ministro de trabajo, Celestino Corbacho, Los Verdes proponemos reducir la jornada laboral, pero nunca por medio de un "ERE a tiempo parcial" como plantea el Gobierno.
Un ERE transfiere capital del Estado a la empresa, no a los trabajadores. Sea total o parcial, en una regulación de empleo el Estado paga salarios y pierde parte de las cotizaciones, pues los trabajadores pasan a cobrar su salario mermado y a costa del seguro de desempleo; el Estado se hace cargo de las nóminas y cotizaciones. Esa no es la propuesta adecuada a juicio de la Coordinadora Verde
Los Verdes consideramos que un cambio en el modelo productivo exige un cambio en la mentalidad de empresarios y trabajadores y la reducción de la jornada laboral es un buen paso en este sentido. Esa reducción de jornada debe tener como objetivo aumentar el empleo, y nunca lucrar a las empresas.
Además de reducir la jornada laboral, para afrontar la crisis los Verdes proponemos:
- La instauración de una Renta Básica Universal
- La regulación del mercado financiero a través de una tasa a las transacciones para evitar la especulación
El co-portavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, ha manifestado al respecto: "Aplaudiríamos la decisión del Gobierno de reducir la jornada laboral si ello no fuese por medio de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a tiempo parcial. La sociedad necesita redefinir los conceptos de trabajo y actividad, y la reducción de la jornada laboral reequilibra los tiempos de ocio y actividad no remunerada de los ciudadanos. La reducción de la jornada laboral debería ir acompañada de una Renta Básica Universal que permitiera a los ciudadanos invertir su tiempo libre en actividades civiles y sociales que redundarían en beneficio de la comunidad. Esta Renta Básica absorbería muchos de los subsidios ahora existentes para situaciones de necesidad".
La co-portavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, ha añadido: "Una crisis no puede ser excusa para reducir los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno debería empezar a explorar con trabajadores y empresas la reducción de jornada y el reparto del trabajo en las empresas que piden reducir plantilla, y a partir de ahí avanzar con medidas para toda la sociedad. La reducción de la jornada laboral redunda en la calidad de vida de los ciudadanos y de la comunidad. Esperamos del Ejecutivo, además, inversiones en sectores muy competitivos, como las renovables o el cuidado de la naturaleza, que podrían proporcionar empleo de calidad a largo plazo a un gran número de personas".
Un ERE transfiere capital del Estado a la empresa, no a los trabajadores. Sea total o parcial, en una regulación de empleo el Estado paga salarios y pierde parte de las cotizaciones, pues los trabajadores pasan a cobrar su salario mermado y a costa del seguro de desempleo; el Estado se hace cargo de las nóminas y cotizaciones. Esa no es la propuesta adecuada a juicio de la Coordinadora Verde
Los Verdes consideramos que un cambio en el modelo productivo exige un cambio en la mentalidad de empresarios y trabajadores y la reducción de la jornada laboral es un buen paso en este sentido. Esa reducción de jornada debe tener como objetivo aumentar el empleo, y nunca lucrar a las empresas.
Además de reducir la jornada laboral, para afrontar la crisis los Verdes proponemos:
- La instauración de una Renta Básica Universal
- La regulación del mercado financiero a través de una tasa a las transacciones para evitar la especulación
- La inversión en energías renovables, descentralizadas y que apoyen al ciudadano más que a las multinacionales.
- La mejora de los presupuestos para Educación y Ciencia
- Una fiscalidad ecológica, social y progresiva
- La mejora de los presupuestos para Educación y Ciencia
- Una fiscalidad ecológica, social y progresiva
El co-portavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, ha manifestado al respecto: "Aplaudiríamos la decisión del Gobierno de reducir la jornada laboral si ello no fuese por medio de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a tiempo parcial. La sociedad necesita redefinir los conceptos de trabajo y actividad, y la reducción de la jornada laboral reequilibra los tiempos de ocio y actividad no remunerada de los ciudadanos. La reducción de la jornada laboral debería ir acompañada de una Renta Básica Universal que permitiera a los ciudadanos invertir su tiempo libre en actividades civiles y sociales que redundarían en beneficio de la comunidad. Esta Renta Básica absorbería muchos de los subsidios ahora existentes para situaciones de necesidad".
La co-portavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, ha añadido: "Una crisis no puede ser excusa para reducir los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno debería empezar a explorar con trabajadores y empresas la reducción de jornada y el reparto del trabajo en las empresas que piden reducir plantilla, y a partir de ahí avanzar con medidas para toda la sociedad. La reducción de la jornada laboral redunda en la calidad de vida de los ciudadanos y de la comunidad. Esperamos del Ejecutivo, además, inversiones en sectores muy competitivos, como las renovables o el cuidado de la naturaleza, que podrían proporcionar empleo de calidad a largo plazo a un gran número de personas".
Los Verdes piden a la OMS la eliminación del mercurio en empastes dentales.
Ante el encuentro de la Organización Mundial de la Salud sobre el futuro
uso de materiales para la restauración dental que tiene lugar los días 16 y
17 de noviembre de 2009 en Ginebra (Suiza), y a propuesta del presidente de
la asociación MERCURIADOS, Servando Pérez Domínguez, la Coordinadora Verde
ha suscrito la Carta dirigida a este organismo mundial por distintas
organizaciones internacionales en la que se le pide una posición activa para
*la eliminación del mercurio de empastes dentales* (amalgamas dentales) y su
sustitución por otras alternativas, como el composite dental de resina y
cerámica, no perjudiciales para la salud.
A nivel europeo, *Noruega y Suecia* ya han prohibido el uso de amalgamas
dentales y otros países tienen restricciones o recomendaciones de no uso
para ciertos grupos poblacionales como embarazadas, niños y personas con
problemas renales, hepáticos o inmunológicos. Por su parte, en
*Cataluña*, existe
una recomendación oficial de no usar amalgamas dentales en embarazadas y
menores de 14 años; mientras que en la Comunidad de *Madrid *la
recomendación es aplicable a embarazadas y mujeres que dan el pecho. Más
aún, el *Consejo General de los Colegios Oficiales de Químicos de
España *solicitó
al Ministerio de Sanidad, en mayo pasado, la sustitución de las amalgamas
dentales por otros materiales alternativos y el *Defensor del
Pueblo*tramita actualmente la queja de
*MERCURIADOS *al Ministerio de Sanidad por el uso no informado de mercurio
en amalgamas dentales y por los múltiples efectos perniciosos de éstas sobre
la salud. Asimismo, en febrero de este mismo año, se planteó una Demanda
Judicial al Ministerio de Sanidad español por varias asociaciones de
pacientes y pacientes a título individual, afectados por mercurio dental y/o
vacunal.
La coportavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, ante la falta
de iniciativas
oficiales, pregunta al Ministerio de Sanidad que “por qué se sigue poniendo
mercurio en la boca (amalgamas dentales) si la OMS y otros organismos
científicos — incluidos los Consejos y Colegios Dentales de todo el mundo—
reconocen que, cada día, se evapora mercurio de las obturaciones de amalgama
y también se sabe que no existe un umbral de seguridad para el mercurio”.
Por su parte, Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista,
se pregunta "a dónde van los restos de las amalgamas dentales, cuando se
ponen y retiran, cuando se fabrican, y cuando las personas que las portan se
mueren". La Coordinadora Verde, ante el dato de que sólo en el Reino Unido
el vertido de mercurio en el alcantarillado, la atmósfera o la tierra
procedente de la amalgama dental asciende a 7,41 toneladas al año, ha
decidido implicarse de lleno en el seguimiento del uso del mercurio, el
metal más contaminante después de los materiales radiactivos.
El Documento de Política General de la OMS de 2005 "El Mercurio en el Sector
de la Salud" establece que “*el mercurio es muy tóxico, en particular cuando
se metaboliza para formar mercurio de metilo. Puede ser mortal por
inhalación y perjudicial por absorción cutánea. Alrededor del 80% del vapor
de mercurio inhalado pasa a la sangre a través de los pulmones. Puede tener
efectos perjudiciales en los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio e
inmunitario y en los riñones, además de provocar daños pulmonares”**. **En
1991, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el mercurio presente
en la amalgama dental es** **“la fuente no industrial más importante de
emisión de vapor de mercurio**, exponiendo a la población afectada a niveles
de mercurio que superan con creces los establecidos para los alimentos y
para el aire”.*
**
Ante estos riesgos para la salud de las personas y de los ecosistemas, el
Programa de las *Naciones Unidas* para el Medio Ambiente (PNUMA) ya ha
lanzado una iniciativa para evitar la contaminación del medio ambiente del
mercurio, que tiene implicaciones para el uso de la amalgama dental, y que
afecta a todos los gobiernos del mundo. Por su parte, la *Oficina
Europea**para el Medio Ambiente
* lanzó en 2004 la *Campaña Mercurio** Cero*, que tiene como último objetivo
conseguir cero emisiones así como cero oferta y cero demanda de mercurio de
todas las fuentes que el ser humano pueda controlar, a fin de reducir al
mínimo el mercurio en el medio ambiente, a nivel europeo y mundial.
uso de materiales para la restauración dental que tiene lugar los días 16 y
17 de noviembre de 2009 en Ginebra (Suiza), y a propuesta del presidente de
la asociación MERCURIADOS, Servando Pérez Domínguez, la Coordinadora Verde
ha suscrito la Carta dirigida a este organismo mundial por distintas
organizaciones internacionales en la que se le pide una posición activa para
*la eliminación del mercurio de empastes dentales* (amalgamas dentales) y su
sustitución por otras alternativas, como el composite dental de resina y
cerámica, no perjudiciales para la salud.
A nivel europeo, *Noruega y Suecia* ya han prohibido el uso de amalgamas
dentales y otros países tienen restricciones o recomendaciones de no uso
para ciertos grupos poblacionales como embarazadas, niños y personas con
problemas renales, hepáticos o inmunológicos. Por su parte, en
*Cataluña*, existe
una recomendación oficial de no usar amalgamas dentales en embarazadas y
menores de 14 años; mientras que en la Comunidad de *Madrid *la
recomendación es aplicable a embarazadas y mujeres que dan el pecho. Más
aún, el *Consejo General de los Colegios Oficiales de Químicos de
España *solicitó
al Ministerio de Sanidad, en mayo pasado, la sustitución de las amalgamas
dentales por otros materiales alternativos y el *Defensor del
Pueblo*tramita actualmente la queja de
*MERCURIADOS *al Ministerio de Sanidad por el uso no informado de mercurio
en amalgamas dentales y por los múltiples efectos perniciosos de éstas sobre
la salud. Asimismo, en febrero de este mismo año, se planteó una Demanda
Judicial al Ministerio de Sanidad español por varias asociaciones de
pacientes y pacientes a título individual, afectados por mercurio dental y/o
vacunal.
La coportavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, ante la falta
de iniciativas
oficiales, pregunta al Ministerio de Sanidad que “por qué se sigue poniendo
mercurio en la boca (amalgamas dentales) si la OMS y otros organismos
científicos — incluidos los Consejos y Colegios Dentales de todo el mundo—
reconocen que, cada día, se evapora mercurio de las obturaciones de amalgama
y también se sabe que no existe un umbral de seguridad para el mercurio”.
Por su parte, Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista,
se pregunta "a dónde van los restos de las amalgamas dentales, cuando se
ponen y retiran, cuando se fabrican, y cuando las personas que las portan se
mueren". La Coordinadora Verde, ante el dato de que sólo en el Reino Unido
el vertido de mercurio en el alcantarillado, la atmósfera o la tierra
procedente de la amalgama dental asciende a 7,41 toneladas al año, ha
decidido implicarse de lleno en el seguimiento del uso del mercurio, el
metal más contaminante después de los materiales radiactivos.
El Documento de Política General de la OMS de 2005 "El Mercurio en el Sector
de la Salud" establece que “*el mercurio es muy tóxico, en particular cuando
se metaboliza para formar mercurio de metilo. Puede ser mortal por
inhalación y perjudicial por absorción cutánea. Alrededor del 80% del vapor
de mercurio inhalado pasa a la sangre a través de los pulmones. Puede tener
efectos perjudiciales en los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio e
inmunitario y en los riñones, además de provocar daños pulmonares”**. **En
1991, la Organización Mundial de la Salud confirmó que el mercurio presente
en la amalgama dental es** **“la fuente no industrial más importante de
emisión de vapor de mercurio**, exponiendo a la población afectada a niveles
de mercurio que superan con creces los establecidos para los alimentos y
para el aire”.*
**
Ante estos riesgos para la salud de las personas y de los ecosistemas, el
Programa de las *Naciones Unidas* para el Medio Ambiente (PNUMA) ya ha
lanzado una iniciativa para evitar la contaminación del medio ambiente del
mercurio, que tiene implicaciones para el uso de la amalgama dental, y que
afecta a todos los gobiernos del mundo. Por su parte, la *Oficina
Europea**para el Medio Ambiente
* lanzó en 2004 la *Campaña Mercurio** Cero*, que tiene como último objetivo
conseguir cero emisiones así como cero oferta y cero demanda de mercurio de
todas las fuentes que el ser humano pueda controlar, a fin de reducir al
mínimo el mercurio en el medio ambiente, a nivel europeo y mundial.
Los Verdes apoya la reducción de la jornada laboral y el reparto del
En referencia a las declaraciones de la ministra de economía, Elena Salgado
y el ministro de trabajo, Celestino Corbacho, Los Verdes proponemos reducir
la jornada laboral, pero nunca por medio de un "ERE a tiempo parcial" como
plantea el Gobierno.
Un ERE transfiere capital del Estado a la empresa, no a los trabajadores.
Sea total o parcial, en una regulación de empleo el Estado paga salarios y
pierde parte de las cotizaciones, pues los trabajadores pasan a cobrar su
salario mermado y a costa del seguro de desempleo; el Estado se hace cargo
de las nóminas y cotizaciones. Esa no es la propuesta adecuada a juicio de
la Coordinadora Verde
Los Verdes consideramos que un cambio en el modelo productivo exige un
cambio en la mentalidad de empresarios y trabajadores y la reducción de la
jornada laboral es un buen paso en este sentido. Esa reducción de jornada
debe tener como objetivo aumentar el empleo, y nunca lucrar a las empresas.
Además de reducir la jornada laboral, para afrontar la crisis los Verdes
proponemos:
- La instauración de una Renta Básica Universal
- La regulación del mercado financiero a través de una tasa a las
transacciones para evitar la especulación
- La inversión en energías renovables, *descentralizadas y que apoyen al
ciudadano más que a las multinacionales.*
- La mejora de los presupuestos para Educación y Ciencia
- Una fiscalidad ecológica, social y progresiva
El co-portavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, ha manifestado
al respecto: "Aplaudiríamos la decisión del Gobierno de *reducir la jornada
laboral si ello no fuese por medio de Expedientes de Regulación de Empleo
(ERE) a tiempo parcial*. La sociedad necesita redefinir los conceptos de
trabajo y actividad, y la reducción de la jornada laboral reequilibra los
tiempos de ocio y actividad no remunerada de los ciudadanos. La reducción de
la jornada laboral debería ir acompañada de una *Renta Básica Universal* que
permitiera a los ciudadanos invertir su tiempo libre en actividades civiles
y sociales que redundarían en beneficio de la comunidad. Esta Renta Básica
absorbería muchos de los subsidios ahora existentes para situaciones de
necesidad".
La co-portavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, ha añadido: "Una
crisis no puede ser excusa para reducir los derechos laborales de los
trabajadores. El Gobierno debería empezar a explorar con trabajadores y
empresas la reducción de jornada y el reparto del trabajo en las empresas
que piden reducir plantilla, y a partir de ahí avanzar con medidas para toda
la sociedad. La reducción de la jornada laboral redunda en la calidad de
vida de los ciudadanos y de la comunidad. Esperamos del Ejecutivo,
además, *inversiones
en sectores muy competitivos, como las renovables o el cuidado de la
naturaleza*, que podrían proporcionar empleo de calidad a largo plazo a un
gran número de personas".
y el ministro de trabajo, Celestino Corbacho, Los Verdes proponemos reducir
la jornada laboral, pero nunca por medio de un "ERE a tiempo parcial" como
plantea el Gobierno.
Un ERE transfiere capital del Estado a la empresa, no a los trabajadores.
Sea total o parcial, en una regulación de empleo el Estado paga salarios y
pierde parte de las cotizaciones, pues los trabajadores pasan a cobrar su
salario mermado y a costa del seguro de desempleo; el Estado se hace cargo
de las nóminas y cotizaciones. Esa no es la propuesta adecuada a juicio de
la Coordinadora Verde
Los Verdes consideramos que un cambio en el modelo productivo exige un
cambio en la mentalidad de empresarios y trabajadores y la reducción de la
jornada laboral es un buen paso en este sentido. Esa reducción de jornada
debe tener como objetivo aumentar el empleo, y nunca lucrar a las empresas.
Además de reducir la jornada laboral, para afrontar la crisis los Verdes
proponemos:
- La instauración de una Renta Básica Universal
- La regulación del mercado financiero a través de una tasa a las
transacciones para evitar la especulación
- La inversión en energías renovables, *descentralizadas y que apoyen al
ciudadano más que a las multinacionales.*
- La mejora de los presupuestos para Educación y Ciencia
- Una fiscalidad ecológica, social y progresiva
El co-portavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, ha manifestado
al respecto: "Aplaudiríamos la decisión del Gobierno de *reducir la jornada
laboral si ello no fuese por medio de Expedientes de Regulación de Empleo
(ERE) a tiempo parcial*. La sociedad necesita redefinir los conceptos de
trabajo y actividad, y la reducción de la jornada laboral reequilibra los
tiempos de ocio y actividad no remunerada de los ciudadanos. La reducción de
la jornada laboral debería ir acompañada de una *Renta Básica Universal* que
permitiera a los ciudadanos invertir su tiempo libre en actividades civiles
y sociales que redundarían en beneficio de la comunidad. Esta Renta Básica
absorbería muchos de los subsidios ahora existentes para situaciones de
necesidad".
La co-portavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga, ha añadido: "Una
crisis no puede ser excusa para reducir los derechos laborales de los
trabajadores. El Gobierno debería empezar a explorar con trabajadores y
empresas la reducción de jornada y el reparto del trabajo en las empresas
que piden reducir plantilla, y a partir de ahí avanzar con medidas para toda
la sociedad. La reducción de la jornada laboral redunda en la calidad de
vida de los ciudadanos y de la comunidad. Esperamos del Ejecutivo,
además, *inversiones
en sectores muy competitivos, como las renovables o el cuidado de la
naturaleza*, que podrían proporcionar empleo de calidad a largo plazo a un
gran número de personas".
*La Coordinadora Verde juzga absolutamente injusta la condena a Inmaculada
Inmaculada Gálvez es la abogada que denunció entre otras cosas, en nombre de
Los Verdes, los casos de corrupción habidos en la costa del sol, mientras la
justicia se inhibía de actuar. Se le condena ahora severamente por
resistencia a la autoridad en una protesta contra el excesivo ruido de una
obra.
La Coordinadora Verde se solidariza con Inmaculada Gálvez, a quien un
Juzgado ha condenado a seis meses de prisión por resistirse a la violencia
ambiental que le impedía desarrollar libremente su actividad profesional en
el interior de su despacho profesional.
Inmaculada Gálvez fue la abogada ambiental que destapo los másivos casos de
corrupción urbanística sobre todo en Marbella. Desde entonces ha sufrido una
injusta persecución por su defensa ambiental.
Para Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde "una vez más, se
persigue a quien protesta por los abusos ambientales, en este caso la
emisión de un ruido insoportable, castigando a quien se rebela en lugar de
sufrir en silencio el abuso de que es objeto. No sólo eso, sino que además
se la responsabiliza de la lesión que sufrió en la mano el policía que la
desalojó violentamente, haciendo un uso excesivo de la fuerza".
Para Florent Marcellesi, el coportavoz de la Coordinadora Verde "hay que
acabar con la práctica de perseguir a los ciudadanos que protestan por los
abusos que sufren, sobre todo en el campo ambiental, y comenzar a castigar
a quienes no respetan la normativa ambiental".
La abogada Inmaculada Gálvez denunció el exceso de ruido en la obra del
museo Revello de Toro, de propiedad municipal, el 21 de mayo de este años,
en la calle Afligidos de la capital.
Según la sentencia, la abogada lesionó en una muñeca a uno de los agentes de
la Policía Local que acudió a su llamada. Ella presentó un parte de
lesiones con moratones en el pecho y en un brazo, que no ha tenido en
consideración ni el juez ni el fiscal.
Inmaculada Gálvez, la primera abogada que denunció los desmanes urbanísticos
de Jesús Gil en Marbella y la inactividad de la Fiscalía durante mucho
tiempo al respecto, ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Los Verdes, los casos de corrupción habidos en la costa del sol, mientras la
justicia se inhibía de actuar. Se le condena ahora severamente por
resistencia a la autoridad en una protesta contra el excesivo ruido de una
obra.
La Coordinadora Verde se solidariza con Inmaculada Gálvez, a quien un
Juzgado ha condenado a seis meses de prisión por resistirse a la violencia
ambiental que le impedía desarrollar libremente su actividad profesional en
el interior de su despacho profesional.
Inmaculada Gálvez fue la abogada ambiental que destapo los másivos casos de
corrupción urbanística sobre todo en Marbella. Desde entonces ha sufrido una
injusta persecución por su defensa ambiental.
Para Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde "una vez más, se
persigue a quien protesta por los abusos ambientales, en este caso la
emisión de un ruido insoportable, castigando a quien se rebela en lugar de
sufrir en silencio el abuso de que es objeto. No sólo eso, sino que además
se la responsabiliza de la lesión que sufrió en la mano el policía que la
desalojó violentamente, haciendo un uso excesivo de la fuerza".
Para Florent Marcellesi, el coportavoz de la Coordinadora Verde "hay que
acabar con la práctica de perseguir a los ciudadanos que protestan por los
abusos que sufren, sobre todo en el campo ambiental, y comenzar a castigar
a quienes no respetan la normativa ambiental".
La abogada Inmaculada Gálvez denunció el exceso de ruido en la obra del
museo Revello de Toro, de propiedad municipal, el 21 de mayo de este años,
en la calle Afligidos de la capital.
Según la sentencia, la abogada lesionó en una muñeca a uno de los agentes de
la Policía Local que acudió a su llamada. Ella presentó un parte de
lesiones con moratones en el pecho y en un brazo, que no ha tenido en
consideración ni el juez ni el fiscal.
Inmaculada Gálvez, la primera abogada que denunció los desmanes urbanísticos
de Jesús Gil en Marbella y la inactividad de la Fiscalía durante mucho
tiempo al respecto, ha anunciado que recurrirá la sentencia.
La Coordinadora Verde pide etiquetar los alimentos con su "coste ambiental", siguiendo el ejemplo de Suecia
La iniciativa sueca de relacionar la comida con el cambio climático e informar a los consumidores de la huella de CO2 de los productos alimenticios en su etiquetado ha sido celebrada por la Coordinadora Verde. A pocas semanas de la histórica cumbre de Copenhague, la plataforma ecologista propone que, tras la eliminación de las bolsas de plástico, esta medida podría ser un paso más hacia un consumo más responsable.
Detrás de esta iniciativa del país escandinavo está la Asociación de Agricultores Suecos y las cooperativas de productores de leche y carne, a la que se han ido sumando ya grandes distribuidoras de alimentos, incluída la cadena de comida rápida sueca más importante, Max, que ahora informa a sus clientes no solo del precio de su comida favorita, sino también de las emisiones totales en CO2 causadas en su ciclo de produción hasta llegar al consumidor. Aquel aprende de esta forma que la tradicional hamburguesa de carne de ternera con queso y tomate está relacionada con la emisión de 1,8 kg/C02 por unidad, que la ración de nuggets de pollo con 0,8 kg/C02, mientras que una hamburguesa vegetariana causa solo 0,3 kg/C02
Para Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "a pocas semanas de la cumbre de Copenhague, es necesario pasar a la acción y no centrar solo el debate sobre las emisiones de C02 en el transporte y las bombillas. La transformación industrial de cualquier producto produce emisiones de gases de efecto invernadero y la producción de alimentos no está excluida de esta regla. Independientemente de que las vacas y terneros emiten por motivos biológicos grandes cantidades de metano durante su proceso de digestión, el sobrepastoreo, la sobrepesca, la proliferación excesiva de piscifactorias, el uso y la fabricación de abonos artificiales, la climatización de invernaderos, el propio transporte y refrigeración de los alimentos, contribuyen no solo a diversos destrozos medioambientales sino en un alto porcentaje al cambio climático, cifrado por los expertos en un 20 a 30 por ciento”
Para el coportavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, "seria deseable que nuestras empresas y cooperativas siguieran el ejemplo de Suecia. Los datos provisionales suecos apuntan que desde que comenzó la campaña, los consumidores orientados han ido comprando alimentos que emiten un veinte por ciento menos de C02. El efecto educativo de la implantación de la etiqueta C02 en alimentos nos permite contribuir de forma considerable a contrarrestar la polución atmosférica. Otras consecuencias positivas serían el fortalecimiento de la agricultura ecológica local, cuyo producto indudablemente requiere menos energía contaminante y la promoción de empleos verdes, no solo en la agricultura cualificada sino en el sector de certificación y laboratorios."
Detrás de esta iniciativa del país escandinavo está la Asociación de Agricultores Suecos y las cooperativas de productores de leche y carne, a la que se han ido sumando ya grandes distribuidoras de alimentos, incluída la cadena de comida rápida sueca más importante, Max, que ahora informa a sus clientes no solo del precio de su comida favorita, sino también de las emisiones totales en CO2 causadas en su ciclo de produción hasta llegar al consumidor. Aquel aprende de esta forma que la tradicional hamburguesa de carne de ternera con queso y tomate está relacionada con la emisión de 1,8 kg/C02 por unidad, que la ración de nuggets de pollo con 0,8 kg/C02, mientras que una hamburguesa vegetariana causa solo 0,3 kg/C02
Para Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "a pocas semanas de la cumbre de Copenhague, es necesario pasar a la acción y no centrar solo el debate sobre las emisiones de C02 en el transporte y las bombillas. La transformación industrial de cualquier producto produce emisiones de gases de efecto invernadero y la producción de alimentos no está excluida de esta regla. Independientemente de que las vacas y terneros emiten por motivos biológicos grandes cantidades de metano durante su proceso de digestión, el sobrepastoreo, la sobrepesca, la proliferación excesiva de piscifactorias, el uso y la fabricación de abonos artificiales, la climatización de invernaderos, el propio transporte y refrigeración de los alimentos, contribuyen no solo a diversos destrozos medioambientales sino en un alto porcentaje al cambio climático, cifrado por los expertos en un 20 a 30 por ciento”
Para el coportavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, "seria deseable que nuestras empresas y cooperativas siguieran el ejemplo de Suecia. Los datos provisionales suecos apuntan que desde que comenzó la campaña, los consumidores orientados han ido comprando alimentos que emiten un veinte por ciento menos de C02. El efecto educativo de la implantación de la etiqueta C02 en alimentos nos permite contribuir de forma considerable a contrarrestar la polución atmosférica. Otras consecuencias positivas serían el fortalecimiento de la agricultura ecológica local, cuyo producto indudablemente requiere menos energía contaminante y la promoción de empleos verdes, no solo en la agricultura cualificada sino en el sector de certificación y laboratorios."
Contra la corrupción política, más democracia
Más democracia y más participación social es la receta de Los Verdes contra los numerosos casos de corrupción política y económica que continúan saliendo a la luz pública, provocando que los ciudadanos se alejen de la vida política, pongan bajo sospecha a cualquier cargo político designado o elegido y cuestionen la calidad de la democracia y el funcionamiento de las instituciones.
Sonia Ortiga, abogada y coportavoz de la Coordinadora Verde, manifiesta que "la clave para luchar contra la corrupción política no es tanto contar con una legislación ad hoc, sino aumentar la eficacia que los fiscales y los jueces puedan imprimir en su aplicación a estas normativas que persiguen la prevención de conductas tan antisociales. Y, sobre todo, estimular y hacer posible la participación pública."
"Hasta ahora, las leyes, como decía Gandhi de las cobras, sólo muerden a los que van descalzos", declara el coportavoz Florent Marcellesi, que también apuesta por un impulso decisivo de la democracia participativa y explica que la luz y el aire puro son el mejor antídoto contra la corrupción. “Si se presentaran ante la sociedad las iniciativas de proyectos públicos para que los ciudadanos pudieran opinar sobre su conveniencia y participaran en todas las fases de los proyectos que acaban desarrollándose, se haría muy difícil que alguien pudiera seguir "llevándose dinero por debajo de la mesa". Y añade que habría que cambiar algunas cosas en el sistema urbanístico, como eliminar el agente urbanizador o, al menos, restringir y controlar mucho su figura.
Para la Coordinadora Verde, los continuos casos de corrupción que salen a la luz en España han creado una situación doblemente grave por las circunstancias actuales de crisis económica y ecológica, que exige de un liderazgo político que encauce la economía para ponerla al servicio de los ciudadanos y del medio ambiente, por lo que no basta con denunciar los casos puntuales que se vayan descubriendo, sino que hay que plantear unos mecanismos preventivos que pongan fin definitivamente a esta lacra social y permitan recuperar la credibilidad de la clase política. Propone, por tanto, un pacto de Estado que incluya las necesarias reformas del régimen electoral y de la financiación de los partidos, listas abiertas, controles exhaustivos en la financiación de las campañas electorales, igualdad plena de acceso a los medios de comunicación públicos de los partidos políticos y un control autonómico de la gestión urbanística municipal.
Sonia Ortiga, abogada y coportavoz de la Coordinadora Verde, manifiesta que "la clave para luchar contra la corrupción política no es tanto contar con una legislación ad hoc, sino aumentar la eficacia que los fiscales y los jueces puedan imprimir en su aplicación a estas normativas que persiguen la prevención de conductas tan antisociales. Y, sobre todo, estimular y hacer posible la participación pública."
"Hasta ahora, las leyes, como decía Gandhi de las cobras, sólo muerden a los que van descalzos", declara el coportavoz Florent Marcellesi, que también apuesta por un impulso decisivo de la democracia participativa y explica que la luz y el aire puro son el mejor antídoto contra la corrupción. “Si se presentaran ante la sociedad las iniciativas de proyectos públicos para que los ciudadanos pudieran opinar sobre su conveniencia y participaran en todas las fases de los proyectos que acaban desarrollándose, se haría muy difícil que alguien pudiera seguir "llevándose dinero por debajo de la mesa". Y añade que habría que cambiar algunas cosas en el sistema urbanístico, como eliminar el agente urbanizador o, al menos, restringir y controlar mucho su figura.
Para la Coordinadora Verde, los continuos casos de corrupción que salen a la luz en España han creado una situación doblemente grave por las circunstancias actuales de crisis económica y ecológica, que exige de un liderazgo político que encauce la economía para ponerla al servicio de los ciudadanos y del medio ambiente, por lo que no basta con denunciar los casos puntuales que se vayan descubriendo, sino que hay que plantear unos mecanismos preventivos que pongan fin definitivamente a esta lacra social y permitan recuperar la credibilidad de la clase política. Propone, por tanto, un pacto de Estado que incluya las necesarias reformas del régimen electoral y de la financiación de los partidos, listas abiertas, controles exhaustivos en la financiación de las campañas electorales, igualdad plena de acceso a los medios de comunicación públicos de los partidos políticos y un control autonómico de la gestión urbanística municipal.
La reconstruccion del espacio verde en España, prioridad para el Partido Verde Europeo.
Los 55 miembros del grupo Verdes/Ale del Parlamento europeo se reunirán en Madrid el próximo mes de enero, para presentar en España sus propuestas para superar la crisis.
Durante la celebración del XI Consejo General del Partido Verde Europeo el pasado fin de semana en Malmö (Suecia), los verdes europeos han procedido a renovar su Comité Ejecutivo, en el que Philippe Lamberts, eurodiputado por Bélgica, ha sido reelegido como portavoz masculino, y Mónica Frassoni, ex eurodiputada italiana, como portavoz femenina, siguiendo el tradicional liderazgo paritario de los partidos verdes. En el resto del ejecutivo destacan los miembros más jóvenes (la alemana Annalena Baerbock, de 28 años, y el francés Stéphane Sitbon- Gómez, de 22) y la nueva Secretaria General, la holandesa Jacqueline Cremers.
Tras ser el único partido que aumentó en diputados en las últimas elecciones europeas, el Partido Verde Europeo ha decidido en Malmö que su prioridad para los tres próximos años será la reconstrucción del movimiento verde en países con gran población y escasa presencia verde, como España, Italia y Polonia. De esta manera, Los Verdes Europeos se proyectan con ambición en el futuro y se dotan de los recursos necesarios para que España sea capaz de conseguir resultados electorales comparables a los de Die Grünen en Alemania o Europe Écologie en Francia.
Para conseguir dicho objetivo se implicarán tanto el Partido Verde Europeo como el Grupo Verde en el Parlamento europeo. Este último acudirá en pleno a Madrid a principios del 2010, coincidiendo con la presidencia española de la Unión europea. Presentarán las propuestas ecologistas en torno al New Deal Verde para superar la crisis económica española y luchar contra el casi 20 por ciento de paro.
La Coordinadora Verde, que ha acudido a Malmö representada por Annette Muggenthaler, Florent Marcellesi y Rafa F. Font, muestra su satisfacción y esperanza en la implicación de los Verdes Europeos en la reconstrucción de este espacio en nuestro país: "esperamos que el nuevo comité ejecutivo del Partido Verde Europeo y la presencia y actividades de las y los eurodiputados verdes en Madrid marque el inicio de una nueva relación entre los Verdes de nuestro país y la sociedad española, en particular con el movimiento ecologista y social, con las ONG y sector asociativo, con los sindicatos, con el sector empresarial, etc.
Para el coportavoz Florent Marcellesi, "en este momento hay que mirar hacia delante con ambición e ilusión, porque Los Verdes será la principal fuerza de cambio y alternativa en la Europa del siglo XXI, y en España, a través de la Coordinadora Verde, ya estamos sentando las bases para que ocurra así también". Según Marcellesi: "el nuevo ejecutivo del PVE ha tomado España como prioridad para el desarrollo de los verdes en Europa. Estamos satisfechos con las personas elegidas y, tras reunirnos con ellas, con su compromiso mostrado con la regeneración del movimiento verde en nuestro país".
Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, explica que "el éxito de Europe Ecologie en las elecciones europeas francesas, a sólo 0.8 por ciento del resultado del Partido Socialista francés, nos indica el camino a seguir". Ortiga indica que "nuestro objetivo a medio plazo es volver al Parlamento Europeo por nuestros propios medios y, para conseguirlo, estamos poniendo las piezas necesarias para hacerlo con trabajo de base y abierto a la sociedad civil en torno a un partido-red."
En el siguiente enlace se puede consultar la nota de prensa emitida por el Partido Verde europeo: http://europeangreens.eu/menu/news/news-single/?tx_ttnews[tt_news]=1531&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=280eb639fc
Durante la celebración del XI Consejo General del Partido Verde Europeo el pasado fin de semana en Malmö (Suecia), los verdes europeos han procedido a renovar su Comité Ejecutivo, en el que Philippe Lamberts, eurodiputado por Bélgica, ha sido reelegido como portavoz masculino, y Mónica Frassoni, ex eurodiputada italiana, como portavoz femenina, siguiendo el tradicional liderazgo paritario de los partidos verdes. En el resto del ejecutivo destacan los miembros más jóvenes (la alemana Annalena Baerbock, de 28 años, y el francés Stéphane Sitbon- Gómez, de 22) y la nueva Secretaria General, la holandesa Jacqueline Cremers.
Tras ser el único partido que aumentó en diputados en las últimas elecciones europeas, el Partido Verde Europeo ha decidido en Malmö que su prioridad para los tres próximos años será la reconstrucción del movimiento verde en países con gran población y escasa presencia verde, como España, Italia y Polonia. De esta manera, Los Verdes Europeos se proyectan con ambición en el futuro y se dotan de los recursos necesarios para que España sea capaz de conseguir resultados electorales comparables a los de Die Grünen en Alemania o Europe Écologie en Francia.
Para conseguir dicho objetivo se implicarán tanto el Partido Verde Europeo como el Grupo Verde en el Parlamento europeo. Este último acudirá en pleno a Madrid a principios del 2010, coincidiendo con la presidencia española de la Unión europea. Presentarán las propuestas ecologistas en torno al New Deal Verde para superar la crisis económica española y luchar contra el casi 20 por ciento de paro.
La Coordinadora Verde, que ha acudido a Malmö representada por Annette Muggenthaler, Florent Marcellesi y Rafa F. Font, muestra su satisfacción y esperanza en la implicación de los Verdes Europeos en la reconstrucción de este espacio en nuestro país: "esperamos que el nuevo comité ejecutivo del Partido Verde Europeo y la presencia y actividades de las y los eurodiputados verdes en Madrid marque el inicio de una nueva relación entre los Verdes de nuestro país y la sociedad española, en particular con el movimiento ecologista y social, con las ONG y sector asociativo, con los sindicatos, con el sector empresarial, etc.
Para el coportavoz Florent Marcellesi, "en este momento hay que mirar hacia delante con ambición e ilusión, porque Los Verdes será la principal fuerza de cambio y alternativa en la Europa del siglo XXI, y en España, a través de la Coordinadora Verde, ya estamos sentando las bases para que ocurra así también". Según Marcellesi: "el nuevo ejecutivo del PVE ha tomado España como prioridad para el desarrollo de los verdes en Europa. Estamos satisfechos con las personas elegidas y, tras reunirnos con ellas, con su compromiso mostrado con la regeneración del movimiento verde en nuestro país".
Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, explica que "el éxito de Europe Ecologie en las elecciones europeas francesas, a sólo 0.8 por ciento del resultado del Partido Socialista francés, nos indica el camino a seguir". Ortiga indica que "nuestro objetivo a medio plazo es volver al Parlamento Europeo por nuestros propios medios y, para conseguirlo, estamos poniendo las piezas necesarias para hacerlo con trabajo de base y abierto a la sociedad civil en torno a un partido-red."
En el siguiente enlace se puede consultar la nota de prensa emitida por el Partido Verde europeo: http://europeangreens.eu/menu/news/news-single/?tx_ttnews[tt_news]=1531&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=280eb639fc
La Coordinadora Verde pide sentido común, social y ecológico en las infraestructuras
Las infraestructuras no deben ir contra la sustentabilidad, ni aumentar la huella ecológica, ni destrozar los espacios naturales de la red Natura-2000, ni promover las desigualdades.
Ante el DOCUMENTO DE INICIACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE (PEIT), sometido a información pública, Territorio Verde apuesta por potenciar el transporte público, principalmente por ferrocarril, tanto de pasajeros como de mercancías, sobre todo impulsando este último siguiendo el ejemplo de otros países europeos. En el periodo de información pública del documento ambiental inicial del PEIT para el periodo 2010-2020, la Coordinadora Verde va a a realizar alegaciones al mismo, así como a promover en Bruselas una pregunta parlamentaria en el Parlamento Europeo.
El PEIT, tal como indica su documento inicial, se debe regir por criterios de sostenibilidad socieconómicos y ambientales, mejorando la eficiencia en el transporte pero desde la Coordinadora Verde denunciamos que no se adoptan esos criterios de eficiencia o de sostenibilidad.
Los criterios con los que el PEIT debe regirse son el interés general y la limitación de los recursos: en equidad social, protegiendo al medio ambiente y aprovechando los recursos cercanos y renovables.
En cuanto al objetivo de mejora de la eficiencia del sistema, el documento de iniciación del trámite no señala en que términos concretos se mejorará la eficiencia en el transporte y no desarrolla el concepto de co-modalidad. Tampoco señala cuáles son los modos más eficientes en materia de consumo energético.
Creemos que debe promoverse el transporte de mercancías por ferrocarril, con prioridad frente a otros tipos de transporte de mercancías, para cumplir criterios de eficiencia y el propio protocolo de Kyoto.
La conservación y mantenimiento de infraestructuras se debe realizar de acuerdo a cada caso concreto y no de un modo generalizado.
En cuanto al objetivo de cohesión social y territorial en España, basándonos en lo dicho, se debe apostar por planes de movilidad que tengan en cuenta los Principios de Sustentabilidad de los recursos y la población, y con la condición de que no debemos incrementar nuestra HUELLA ECOLÓGICA, sino ajustarla a la capacidad de nuestro territorio.
En cuanto a los Planes de Movilidad Sostenible (PMS) , la Coordinadora Verde insta a que se promueva un transporte público que pueda llegar a toda la sociedad, pero no sólo creando nuevas líneas, sino aumentando la frecuencia de las mismas, y racionalizando y abaratando su uso para que la potenciación de los mismos sea real.
Solicitamos que no se aplique el modelo urbanizador de "ladrillo" en infraestructuras, con pésimos resultados como se ha podido comprobar, y que el territorio nacional no se ocupe con aeropuertos, puertos o redes viarias que no tengan utilidad y con un interés social nulo.
Pedimos que se respeten todos los espacios naturales protegidos, especialmente todos los incluidos en la red Natura 2000 .
PORTAVOZ del Grupo Territorio Verde de la Coordinadora Verde: David Madrid 0236759
Ante el DOCUMENTO DE INICIACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE (PEIT), sometido a información pública, Territorio Verde apuesta por potenciar el transporte público, principalmente por ferrocarril, tanto de pasajeros como de mercancías, sobre todo impulsando este último siguiendo el ejemplo de otros países europeos. En el periodo de información pública del documento ambiental inicial del PEIT para el periodo 2010-2020, la Coordinadora Verde va a a realizar alegaciones al mismo, así como a promover en Bruselas una pregunta parlamentaria en el Parlamento Europeo.
El PEIT, tal como indica su documento inicial, se debe regir por criterios de sostenibilidad socieconómicos y ambientales, mejorando la eficiencia en el transporte pero desde la Coordinadora Verde denunciamos que no se adoptan esos criterios de eficiencia o de sostenibilidad.
Los criterios con los que el PEIT debe regirse son el interés general y la limitación de los recursos: en equidad social, protegiendo al medio ambiente y aprovechando los recursos cercanos y renovables.
En cuanto al objetivo de mejora de la eficiencia del sistema, el documento de iniciación del trámite no señala en que términos concretos se mejorará la eficiencia en el transporte y no desarrolla el concepto de co-modalidad. Tampoco señala cuáles son los modos más eficientes en materia de consumo energético.
Creemos que debe promoverse el transporte de mercancías por ferrocarril, con prioridad frente a otros tipos de transporte de mercancías, para cumplir criterios de eficiencia y el propio protocolo de Kyoto.
La conservación y mantenimiento de infraestructuras se debe realizar de acuerdo a cada caso concreto y no de un modo generalizado.
En cuanto al objetivo de cohesión social y territorial en España, basándonos en lo dicho, se debe apostar por planes de movilidad que tengan en cuenta los Principios de Sustentabilidad de los recursos y la población, y con la condición de que no debemos incrementar nuestra HUELLA ECOLÓGICA, sino ajustarla a la capacidad de nuestro territorio.
En cuanto a los Planes de Movilidad Sostenible (PMS) , la Coordinadora Verde insta a que se promueva un transporte público que pueda llegar a toda la sociedad, pero no sólo creando nuevas líneas, sino aumentando la frecuencia de las mismas, y racionalizando y abaratando su uso para que la potenciación de los mismos sea real.
Solicitamos que no se aplique el modelo urbanizador de "ladrillo" en infraestructuras, con pésimos resultados como se ha podido comprobar, y que el territorio nacional no se ocupe con aeropuertos, puertos o redes viarias que no tengan utilidad y con un interés social nulo.
Pedimos que se respeten todos los espacios naturales protegidos, especialmente todos los incluidos en la red Natura 2000 .
PORTAVOZ del Grupo Territorio Verde de la Coordinadora Verde: David Madrid 0236759
Los Verdes reclaman una Tasa Tobín para luchar contra la pobreza
En la Semana de Lucha contra la Pobreza y ante la celebración del Día Internacional por el derecho a la alimentación (16 de octubre), la Coordinadora Verde quiere unir su voz a la de tantas personas y colectivos que en diferentes ciudades de España y en todo el planeta saldrán a la calle cuestionando el modelo económico excluyente y depredador que mantiene a las ¾ partes de la humanidad en la miseria y al planeta degradado. Exige un impuesto sobre las transacciones económicas (tipo Tasa Tobin) para frenar la especulación financiera y financiar la lucha contra la pobreza y el cambio climático, tal y como el Parlamento Europeo, bajo el impulso de Los Verdes, lo acaba de aprobar en su resolución sobre el G-20.
Cuando se está lejos del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Coordinadora verde insiste en que la crisis es a la vez ecológica, económica y social, y lleva décadas generando problemas de exclusión social y pobreza para amplias capas de la población mundial, sobre todo entre población rural. Muestra como la degradación ambiental, en que se incluye la contaminación del agua, la tierra y el aire, la pérdida irreversible de biodiversidad, el deterioro y agotamiento de los recursos naturales es una de las más graves amenazas para el desarrollo económico y sostenible.
La Coordinadora Verde mira con indignación que este año haya 100 millones más de personas que pasan hambre (1020 millones según la FAO), y más 1000 millones viven bajo el umbral de la pobreza. Con un 10 % de lo que los países ricos han invertido en el rescate de las sociedades financieras podría hacerse frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Igualmente un 13 % del Gasto Militar Mundial (1,4 billones de dólares) permitiría cumplir compromisos mundiales contra el cambio climático enfocando los recursos en el desarrollote los países empobrecidos. En este contexto debemos exigir que de una vez por todas los países ricos dediquen por lo menos el 0,7% a ayuda oficial al desarrollo.
En palabras de Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, "para disminuir la pobreza, debemos exigir impuestos sobre las transacciones económicas (Tasa Tobin) para para frenar la especulación financiera y financiar la lucha contra la pobreza y el cambio climático. En este sentido saludamos la aprobación por el Parlamento Europeo, bajo el impulso de Los Verdes y los socialistas, de una resolución que apuesta por este mecanismo. Sin embargo, deploramos el rechazo de otra enmienda presentada por los Verdes pidiendo que la UE debe adoptar este impuesto de manera unilateral, sin esperar a un posible acuerdo internacional sobre el tema. Al igual que asociaciones como Attac, pensamos que la Tasa Tobín es un mecanismo re-distributivo que serviría en parte para lograr los Objetivos del Milenio, financiar el mantenimiento y desarrollo de los Bienes Públicos Mundiales, como fuente de ayuda a la cooperación internacional y para dar soporte, en parte a los derechos sociales y medioambientales básicos de los países recaptatarios."
Por su parte, Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "llamamos la atención sobre la necesidad de una estrategia global de lucha contra la pobreza que tenga en el centro el cumplimiento de compromisos contra el cambio climático dadoque éste está afectando gravemente a la producción agrícola, el acceso al agua, los desastres naturales y la incidencia de enfermedades como la malaria o el dengue en todo el planeta y, especialmente, en sus regiones más pobres como Africa. Vemos con preocupación como se desaprovecha la oportunidad que esta crisis podría ser para cambiar el modelo económico productivista, especulativo y esquilmador de recursos y orientar la economía hacia postulados verdes y sostenibles."
Por supuesto añadió, "miramos también con preocupación la situación de miles de famlias, el 20 % de la población española que se encuentra bajo el umbral de la pobreza y pedimos a gobierno central y a los gobiernos autonómicos medidas sociales como la Renta Básica de Ciudadanía y de fomento de actividad basado en inversión verde y postulados ecologistas.
Cuando se está lejos del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Coordinadora verde insiste en que la crisis es a la vez ecológica, económica y social, y lleva décadas generando problemas de exclusión social y pobreza para amplias capas de la población mundial, sobre todo entre población rural. Muestra como la degradación ambiental, en que se incluye la contaminación del agua, la tierra y el aire, la pérdida irreversible de biodiversidad, el deterioro y agotamiento de los recursos naturales es una de las más graves amenazas para el desarrollo económico y sostenible.
La Coordinadora Verde mira con indignación que este año haya 100 millones más de personas que pasan hambre (1020 millones según la FAO), y más 1000 millones viven bajo el umbral de la pobreza. Con un 10 % de lo que los países ricos han invertido en el rescate de las sociedades financieras podría hacerse frente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Igualmente un 13 % del Gasto Militar Mundial (1,4 billones de dólares) permitiría cumplir compromisos mundiales contra el cambio climático enfocando los recursos en el desarrollote los países empobrecidos. En este contexto debemos exigir que de una vez por todas los países ricos dediquen por lo menos el 0,7% a ayuda oficial al desarrollo.
En palabras de Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, "para disminuir la pobreza, debemos exigir impuestos sobre las transacciones económicas (Tasa Tobin) para para frenar la especulación financiera y financiar la lucha contra la pobreza y el cambio climático. En este sentido saludamos la aprobación por el Parlamento Europeo, bajo el impulso de Los Verdes y los socialistas, de una resolución que apuesta por este mecanismo. Sin embargo, deploramos el rechazo de otra enmienda presentada por los Verdes pidiendo que la UE debe adoptar este impuesto de manera unilateral, sin esperar a un posible acuerdo internacional sobre el tema. Al igual que asociaciones como Attac, pensamos que la Tasa Tobín es un mecanismo re-distributivo que serviría en parte para lograr los Objetivos del Milenio, financiar el mantenimiento y desarrollo de los Bienes Públicos Mundiales, como fuente de ayuda a la cooperación internacional y para dar soporte, en parte a los derechos sociales y medioambientales básicos de los países recaptatarios."
Por su parte, Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "llamamos la atención sobre la necesidad de una estrategia global de lucha contra la pobreza que tenga en el centro el cumplimiento de compromisos contra el cambio climático dadoque éste está afectando gravemente a la producción agrícola, el acceso al agua, los desastres naturales y la incidencia de enfermedades como la malaria o el dengue en todo el planeta y, especialmente, en sus regiones más pobres como Africa. Vemos con preocupación como se desaprovecha la oportunidad que esta crisis podría ser para cambiar el modelo económico productivista, especulativo y esquilmador de recursos y orientar la economía hacia postulados verdes y sostenibles."
Por supuesto añadió, "miramos también con preocupación la situación de miles de famlias, el 20 % de la población española que se encuentra bajo el umbral de la pobreza y pedimos a gobierno central y a los gobiernos autonómicos medidas sociales como la Renta Básica de Ciudadanía y de fomento de actividad basado en inversión verde y postulados ecologistas.
Los Verdes piden avances reales y consecuentes en las negociaciones sobre cambio climático en Bangkok.
Entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre se reúnen 1.500 delegados de 180 países en torno a las negociaciones post-Kyoto. Para no aumentar más de 2 grados la temperatura media del planeta, Los Verdes piden que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 al menos en un 40% y un en el 2050 un 90% respecto a los niveles de 1990 y la movilización conjunta mínima de 100.000 millones de euros anuales para este fin.
"Si quien contamina, paga, quienes son responsables del cambio climático estarían en la obligación de restituir el clima a su estado anterior a la emisión masiva de gases de efectos invernadero, y si esto no es posible, deben, al menos, comprometerse a hacer los esfuerzos necesarios para no condenar a otros países a la desaparición o a la miseria". Con estas palabras ha expresado Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, la línea de actuación política que defiende esta organización ecologista ante los preparativos para la cumbre de Copenhague el próximo mes de diciembre, en la que se fijará el futuro régimen de reducción de emisiones de CO2.
Marcellesi añade que es el modelo de desarrollo insostenible, regido por el lucro, la explotación de los países empobrecidos y el expolio de los recursos naturales del planeta el que ha puesto en marcha un consumo inmoderado de combustibles fósiles con ingentes emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que los países ricos deben ahora asumir su responsabilidad en el calentamiento global. "La comunidad internacional tiene una oportunidad única en la renovación del Protocolo de Kyoto para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático y establecer procedimientos de justicia ambiental y social coherentes con la Declaración de Derechos Humanos y demás instrumentos del Derecho Internacional."
La Coordinadora Verde defenderá por tanto, en palabras del coportavoz, que el nuevo tratado sobre cambio climático garantice una reducción sustancial de las emisiones de los gases causantes del cambio climático que permita limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2º C por encima de la temperatura media existente antes del proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos.
Entre los avances mínimos que deberían salir de Bangkok mañana día 9 de octubre, explica por su parte la coportavoz Sonia Ortiga, "deben estar los dereducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990; la movilización conjunta de al menos 100.000 millones de euros al año para financiar la reducción de emisiones y la adaptación en los países en desarrollo y un compromiso firme para la progresiva sustitución de los combustibles fósiles, incluyendo mecanismos de fomento de la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables. Esta sustitución debe llevar a una reducción en torno al 90% de las emisiones de gases con efecto invernadero en 2050, con respecto a los niveles de 1990."
Además, manifiesta Sonia Ortiga, que la UE debe comprometerse a implantar una fiscalidad ecológica progresiva en favor de la eficiencia energética, las actividades menos contaminantes y la producción de energías limpias, mientras que los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus políticas medioambientales para hacerlas coherentes con el nuevo tratado sobre cambio climático, incluyendo la introducción de criterios medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. "Y todo ello" finaliza la coportavoz- con el objetivo de que los países miembros de la Unión Europea superen la disociación entre políticas económicas y ambientales, garantizando de manera prioritaria el cumplimiento del nuevo tratado sobre cambio climático en el marco de una nueva política económica de decrecimiento de la huella ecológica, sustitutoria de la actual política de crecimiento económico, que es la principal causa del incremento de emisiones.
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"Si quien contamina, paga, quienes son responsables del cambio climático estarían en la obligación de restituir el clima a su estado anterior a la emisión masiva de gases de efectos invernadero, y si esto no es posible, deben, al menos, comprometerse a hacer los esfuerzos necesarios para no condenar a otros países a la desaparición o a la miseria". Con estas palabras ha expresado Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, la línea de actuación política que defiende esta organización ecologista ante los preparativos para la cumbre de Copenhague el próximo mes de diciembre, en la que se fijará el futuro régimen de reducción de emisiones de CO2.
Marcellesi añade que es el modelo de desarrollo insostenible, regido por el lucro, la explotación de los países empobrecidos y el expolio de los recursos naturales del planeta el que ha puesto en marcha un consumo inmoderado de combustibles fósiles con ingentes emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que los países ricos deben ahora asumir su responsabilidad en el calentamiento global. "La comunidad internacional tiene una oportunidad única en la renovación del Protocolo de Kyoto para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático y establecer procedimientos de justicia ambiental y social coherentes con la Declaración de Derechos Humanos y demás instrumentos del Derecho Internacional."
La Coordinadora Verde defenderá por tanto, en palabras del coportavoz, que el nuevo tratado sobre cambio climático garantice una reducción sustancial de las emisiones de los gases causantes del cambio climático que permita limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2º C por encima de la temperatura media existente antes del proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos.
Entre los avances mínimos que deberían salir de Bangkok mañana día 9 de octubre, explica por su parte la coportavoz Sonia Ortiga, "deben estar los dereducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990; la movilización conjunta de al menos 100.000 millones de euros al año para financiar la reducción de emisiones y la adaptación en los países en desarrollo y un compromiso firme para la progresiva sustitución de los combustibles fósiles, incluyendo mecanismos de fomento de la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables. Esta sustitución debe llevar a una reducción en torno al 90% de las emisiones de gases con efecto invernadero en 2050, con respecto a los niveles de 1990."
Además, manifiesta Sonia Ortiga, que la UE debe comprometerse a implantar una fiscalidad ecológica progresiva en favor de la eficiencia energética, las actividades menos contaminantes y la producción de energías limpias, mientras que los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus políticas medioambientales para hacerlas coherentes con el nuevo tratado sobre cambio climático, incluyendo la introducción de criterios medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. "Y todo ello" finaliza la coportavoz- con el objetivo de que los países miembros de la Unión Europea superen la disociación entre políticas económicas y ambientales, garantizando de manera prioritaria el cumplimiento del nuevo tratado sobre cambio climático en el marco de una nueva política económica de decrecimiento de la huella ecológica, sustitutoria de la actual política de crecimiento económico, que es la principal causa del incremento de emisiones.
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Por un trabajo decente y verde
La Coordinadora Verde pide a la sociedad en su conjunto que exija empleo decente y verde. Solo se superarán las dificultades actuales con solidaridad, con honestidad, con empatía y compromiso con el conjunto de la humanidad, y cumpliendo la legislación laboral y medioambiental. Es necesario avanzar hacia una regulación mundial que impida el "dumping" social y ecológico además de los paraísos fiscales.
Verdes quieren manifestar su apoyo a la convocatoria de la 2ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Una celebración que este año viene marcada por la crisis económica que ha agudizado los problemas que con esta jornada se reivindican. Una situación de la que no se libra España, donde a las tradicionales condiciones de precariedad en muchos sectores se ha sumado un aumento del paro.
La crisis económica mundial, provocada por la irresponsabilidad y avaricia de los gestores del sistema financiero y la falta de regulación puede llevar a destruir más de 50 millones de empleos y a arrojar a la pobreza severa a 200 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Millones de trabajadores se ven atrapados en empleos precarios, peligrosos para su salud, la de los demás y para los ecosistemas, muchos de estos/as trabajadores son menores, y en muchos países se restringen derechos laborales.
Para Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde "es en este momento cuando se hace patente de forma dramática la necesidad de una renta básica universal, para lo que sería necesario modificar el sistema impositivo". Hace falta garantizar la desaparición de escenas de pobreza, marginación y desigualdad que están volviendo a Europa y comprometen el desarrollo de una gran parte de los países del Sur.
Por tanto, en palabras del portavoz ecologista, reivindicar un trabajo decente significa apostar por:
- La adopción de medidas y políticas tendentes a combatir la siniestralidad y precariedad laboral y a eliminar el trabajo no declarado.
- Cumplir las Normas Fundamentales del Trabajo, adoptadas por la OIT como la abolición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, la eliminación de toda discriminación en materia de empleo y el reconocimiento efectivo de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
- El Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (NNUU) mediante 8 objetivos cuantificables que deben alcanzarse, como muy tarde, en el 2015. La erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la extensión de la enseñanza primaria, la promoción de la igualdad entre géneros o la reducción de la mortalidad infantil.
La Coordinadora Verde se une a la reivindicación sindical que pide a los gobiernos que prioricen los programas de creación de empleo junto con la ampliación de la protección a los desempleados y proponemos una orientación de la economía hacia un empleo ecológico y sostenible en áreas medioambientales, de energías alternativas y de protección social. Reclamamos la puesta en marcha del Pacto Mundial por el Empleo, aprobado el pasado mes de junio por la OIT, y del "New Deal Verde" del Partido Verde europeo. Todo ello con un objetivo: Avanzar en la universalización del trabajo decente que es aquel que se realiza en el respeto a los Derechos Fundamentales del Trabajo, con salario digno y protección social básica, siempre respetando los ecosistemas.
Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde pide al Gobierno "que el gasto y las inversiones públicas se hagan en sectores intensivos en empleo y a la vez en actividades ecológicas y verdes, como son las de producción de energía renovable, rehabilitación y reforma de viviendas, mantenimiento y servicios ambientales, cooperativas productores-consumidores, economía solidaria, salud y bienestar social - especialmente los cuidados a nuestros mayores - y la agricultura y ganadería ecológicas y tradicionales, etc.... en lugar de obra nueva, que genera más plusvalías para las empresas contratistas pero no estabilizan la situación social y ecológica. Por eso pedimos al Gobierno políticas públicas para reactivar la economía con criterios medioambientales y de protección social para proteger a los más desfavorecidos y a la naturaleza. Las políticas sociales y medioambientales son las que generan más empleo por euro invertido. Invitamos a toda la ciudadanía y a las organizaciones locales a que compartan estas demandas".
Verdes quieren manifestar su apoyo a la convocatoria de la 2ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Una celebración que este año viene marcada por la crisis económica que ha agudizado los problemas que con esta jornada se reivindican. Una situación de la que no se libra España, donde a las tradicionales condiciones de precariedad en muchos sectores se ha sumado un aumento del paro.
La crisis económica mundial, provocada por la irresponsabilidad y avaricia de los gestores del sistema financiero y la falta de regulación puede llevar a destruir más de 50 millones de empleos y a arrojar a la pobreza severa a 200 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Millones de trabajadores se ven atrapados en empleos precarios, peligrosos para su salud, la de los demás y para los ecosistemas, muchos de estos/as trabajadores son menores, y en muchos países se restringen derechos laborales.
Para Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde "es en este momento cuando se hace patente de forma dramática la necesidad de una renta básica universal, para lo que sería necesario modificar el sistema impositivo". Hace falta garantizar la desaparición de escenas de pobreza, marginación y desigualdad que están volviendo a Europa y comprometen el desarrollo de una gran parte de los países del Sur.
Por tanto, en palabras del portavoz ecologista, reivindicar un trabajo decente significa apostar por:
- La adopción de medidas y políticas tendentes a combatir la siniestralidad y precariedad laboral y a eliminar el trabajo no declarado.
- Cumplir las Normas Fundamentales del Trabajo, adoptadas por la OIT como la abolición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, la eliminación de toda discriminación en materia de empleo y el reconocimiento efectivo de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga.
- El Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (NNUU) mediante 8 objetivos cuantificables que deben alcanzarse, como muy tarde, en el 2015. La erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la extensión de la enseñanza primaria, la promoción de la igualdad entre géneros o la reducción de la mortalidad infantil.
La Coordinadora Verde se une a la reivindicación sindical que pide a los gobiernos que prioricen los programas de creación de empleo junto con la ampliación de la protección a los desempleados y proponemos una orientación de la economía hacia un empleo ecológico y sostenible en áreas medioambientales, de energías alternativas y de protección social. Reclamamos la puesta en marcha del Pacto Mundial por el Empleo, aprobado el pasado mes de junio por la OIT, y del "New Deal Verde" del Partido Verde europeo. Todo ello con un objetivo: Avanzar en la universalización del trabajo decente que es aquel que se realiza en el respeto a los Derechos Fundamentales del Trabajo, con salario digno y protección social básica, siempre respetando los ecosistemas.
Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde pide al Gobierno "que el gasto y las inversiones públicas se hagan en sectores intensivos en empleo y a la vez en actividades ecológicas y verdes, como son las de producción de energía renovable, rehabilitación y reforma de viviendas, mantenimiento y servicios ambientales, cooperativas productores-consumidores, economía solidaria, salud y bienestar social - especialmente los cuidados a nuestros mayores - y la agricultura y ganadería ecológicas y tradicionales, etc.... en lugar de obra nueva, que genera más plusvalías para las empresas contratistas pero no estabilizan la situación social y ecológica. Por eso pedimos al Gobierno políticas públicas para reactivar la economía con criterios medioambientales y de protección social para proteger a los más desfavorecidos y a la naturaleza. Las políticas sociales y medioambientales son las que generan más empleo por euro invertido. Invitamos a toda la ciudadanía y a las organizaciones locales a que compartan estas demandas".
Visita de la Eurodiputada de Los Verdes Margret Auken a España
Autora del informe sobre los abusos urbanísticos en España, la eurodiputada de Los Verdes participará en un debate con representantes de vecinos afectados por la problemática urbanística y diversos colectivos de la zona el sábado 26 de septiembre en Alfas del Pi (Alicante). Estará acompañada por el asesor legal del Partido Verde Europeo Kjell Sevon
La Coordinadora Verde aprovecha la visita para apostar por un turismo ecológico y respetuoso con el Planeta e invitar a participar en el encuentro y debate.
En la víspera del día Internacional del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, estará en España la eurodiputada de Los Verdes Margret Auken. El informe que elaboró para la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, después refrendado por el Pleno de la Cámara recuerda que el turismo residencial a la española es la forma más injustificable e imposible de Sustentar, de hacer turismo.
Los Verdes invitan a acercarse a la conferencia que dará la eurodiputada de Los Verdes, Margret Auken, autora del informe sobre los abusos urbanísticos en España, el sábado 26 de septiembre en Alfas del Pi (Alicante) a las 18:00 horas en el hotel Sun Palace. La entrada es libre hasta completar el aforo.
RESEÑA DEL INFORME AUKEN
El Parlamento Europeo aprobó, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la comisión de Peticiones que critica las prácticas de “urbanización masiva” en España y la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto propone “suspender y revisar” todo plan urbanístico nuevo que no garantice el respeto por la propiedad y sugiere interrumpir los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema.
Además, reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los “abusos urbanísticos” y considera “alarmante” la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.
El informe de la diputada danesa de Los Verdes Margrete AUKEN fue aprobado por el pleno después de que los eurodiputados rechazasen las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios diputados del grupo PPE-DE, respectivamente.
Ésta fue la tercera vez que el pleno de la Eurocámara se posiciona sobre este tema. La primera fue en diciembre de 2005 (informe Fortou) y la segunda una resolución aprobada en junio de 2007.
El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una “profunda revisión” de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de “poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones” recogidos en varios tratados internacionales (párrafo 1).
Además, el Parlamento Europeo critica la “avaricia” y la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, “que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades” (considerando Aj).
Los diputados recuerdan que la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida. Además, el informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar (párrafos 27 y 28).
Por otra parte, la Eurocámara considera que las autoridades regionales competentes deberían “suspender y revisar” todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Gobiernos de las regiones afectadas también deberían “detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario” (párrafo 3).
Los eurodiputados rechazaron el texto alternativo presentado por el grupo socialista con 72 votos a favor, 436 en contra y 44 abstenciones. Antes de la votación, el socialista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre de la propuesta de resolución presentada por su grupo y que votaría a favor del informe de Margrete Auken. La propuesta de los diputados del PPE-DE, que se votó en primer lugar, obtuvo 126 votos a favor frente a 393 en contra.
Antes de la votación, la ponente criticó las “acciones abusivas de numerosas autoridades locales y regionales” y recordó que este informe “es el resultado de un intenso trabajo de los miembros de la comisión de Peticiones”. Además, subrayó que este tema “ha tenido un gran impacto en las vidas de decenas de miles de ciudadanos europeos que viven en España, así como en la economía y el medio ambiente españoles”.
Por otra parte, Auken lamentó que este tema no se haya sometido a debate en el pleno de la Eurocámara y aseguró que la aprobación de este informe “garantizará que las leyes se modifiquen en beneficio de España”.
El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores aprobadas por el pleno de la Eurocámara, “que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona”. Asimismo, recalca que los agentes inmobiliarios de Estados miembros como el Reino Unido siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de saber que existe la posibilidad de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya (párrafo 29 y considerando Ai).
Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una “destrucción masiva” en la última década, puesto que “el cemento y el hormigón han saturado esas regiones” (considerando Aj).
Sistema judicial e indemnizaciones
Los diputados señalan que los procedimientos judiciales incoados “siguen siendo lentos” y califican de “alarmante” la “falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español”. También subrayan que las personas “que hayan adquirido de buena fe” una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles. No obstante, el documento aprobado hoy aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los proyectos no deben tener derecho a compensación (párrafos 13, 14, 16, 17 y 33).
Transparencia
El pleno del PE considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico “se garanticen desde el inicio”. Asimismo, recuerda que la normativa europea sobre evaluación del impacto ambiental impone la obligación de consulta al público implicado en la fase de elaboración de los planes, “y no una vez que la autoridad local ha acordado los planes de facto” (párrafo 26).
Marbella
Los diputados manifiestan su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas “que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general” (párrafo 23).
Debate público
El texto insta al Gobierno español a llevar a cabo un debate público, con la participación de todas las administraciones, “mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible” (párrafo 6).
Contexto
Cerca del 50% de las denuncias sobre urbanismo recibidas por la comisión de Peticiones en esta legislatura proceden de ciudadanos españoles, mientras que un 30% han llegado del Reino Unido y un 15% de Alemania. El 5% restante se ha distribuido fundamentalmente entre Países Bajos y Bélgica.
El informe trata distintos aspectos de la legislación europea, que constituyen los principales puntos de encuentro entre las denuncias recibidas por la comisión de Peticiones.
En primer lugar, numerosas peticiones alegan el incumplimiento de la normativa europea sobre medio ambiente, basándose en la existencia de urbanizaciones construidas en áreas protegidas por directivas comunitarias, como la red Natura 2000. En muchos casos, los peticionarios subrayan que no se han efectuado las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la UE (los denunciantes suelen quejarse de que fueron las propias autoridades locales las que eludieron la elaboración de estos análisis). Actualmente, la CE está investigando estas supuestas infracciones.
El agua es otro de los argumentos más recurrentes de los denunciantes. Los diputados subrayan que la Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes sobre agua y cuencas fluviales, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia (considerando Ab).
Por otro lado, algunos propietarios denuncian la expropiación de sus terrenos sobre la base del supuesto “interés general” de los proyectos promovidos por las autoridades locales. En este sentido, tanto los peticionarios como los diputados consideran que la definición de “interés general” no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, y que dicho concepto se ha utilizado como excusa para la aprobación de “proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes negativos de la correspondiente Confederación Hidrográfica” (párrafo 21).
La CE ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).
Los casos de “urbanización extensiva” no afectan sólo a las zonas costeras, sino que también se han registrado en algunas áreas del centro de España, como Madrid y Castilla la Mancha. Sin embargo, en las zonas costeras existe un factor suplementario: la Ley de Costas. Según el PE, esta ley “afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes (…) y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos los complejos vacacionales”. Es por eso que los diputados proponen una revisión urgente de esta norma (considerando Q y párrafo 22).
Ponente: Margrete AUKEN.
Procedimiento: iniciativa.
Votación: 26.03.2009.
Informe AUKEN
Ref. : 20090325IPR52626
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Persona de contacto: David Madrid, portavoz del grupo Territorio Verde integrado en la Coordinadora Verde: 610 23 67 59
La Coordinadora Verde aprovecha la visita para apostar por un turismo ecológico y respetuoso con el Planeta e invitar a participar en el encuentro y debate.
En la víspera del día Internacional del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, estará en España la eurodiputada de Los Verdes Margret Auken. El informe que elaboró para la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, después refrendado por el Pleno de la Cámara recuerda que el turismo residencial a la española es la forma más injustificable e imposible de Sustentar, de hacer turismo.
Los Verdes invitan a acercarse a la conferencia que dará la eurodiputada de Los Verdes, Margret Auken, autora del informe sobre los abusos urbanísticos en España, el sábado 26 de septiembre en Alfas del Pi (Alicante) a las 18:00 horas en el hotel Sun Palace. La entrada es libre hasta completar el aforo.
RESEÑA DEL INFORME AUKEN
El Parlamento Europeo aprobó, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la comisión de Peticiones que critica las prácticas de “urbanización masiva” en España y la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto propone “suspender y revisar” todo plan urbanístico nuevo que no garantice el respeto por la propiedad y sugiere interrumpir los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema.
Además, reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los “abusos urbanísticos” y considera “alarmante” la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.
El informe de la diputada danesa de Los Verdes Margrete AUKEN fue aprobado por el pleno después de que los eurodiputados rechazasen las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios diputados del grupo PPE-DE, respectivamente.
Ésta fue la tercera vez que el pleno de la Eurocámara se posiciona sobre este tema. La primera fue en diciembre de 2005 (informe Fortou) y la segunda una resolución aprobada en junio de 2007.
El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una “profunda revisión” de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de “poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones” recogidos en varios tratados internacionales (párrafo 1).
Además, el Parlamento Europeo critica la “avaricia” y la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, “que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades” (considerando Aj).
Los diputados recuerdan que la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida. Además, el informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar (párrafos 27 y 28).
Por otra parte, la Eurocámara considera que las autoridades regionales competentes deberían “suspender y revisar” todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Gobiernos de las regiones afectadas también deberían “detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario” (párrafo 3).
Los eurodiputados rechazaron el texto alternativo presentado por el grupo socialista con 72 votos a favor, 436 en contra y 44 abstenciones. Antes de la votación, el socialista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre de la propuesta de resolución presentada por su grupo y que votaría a favor del informe de Margrete Auken. La propuesta de los diputados del PPE-DE, que se votó en primer lugar, obtuvo 126 votos a favor frente a 393 en contra.
Antes de la votación, la ponente criticó las “acciones abusivas de numerosas autoridades locales y regionales” y recordó que este informe “es el resultado de un intenso trabajo de los miembros de la comisión de Peticiones”. Además, subrayó que este tema “ha tenido un gran impacto en las vidas de decenas de miles de ciudadanos europeos que viven en España, así como en la economía y el medio ambiente españoles”.
Por otra parte, Auken lamentó que este tema no se haya sometido a debate en el pleno de la Eurocámara y aseguró que la aprobación de este informe “garantizará que las leyes se modifiquen en beneficio de España”.
El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores aprobadas por el pleno de la Eurocámara, “que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona”. Asimismo, recalca que los agentes inmobiliarios de Estados miembros como el Reino Unido siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de saber que existe la posibilidad de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya (párrafo 29 y considerando Ai).
Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una “destrucción masiva” en la última década, puesto que “el cemento y el hormigón han saturado esas regiones” (considerando Aj).
Sistema judicial e indemnizaciones
Los diputados señalan que los procedimientos judiciales incoados “siguen siendo lentos” y califican de “alarmante” la “falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español”. También subrayan que las personas “que hayan adquirido de buena fe” una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles. No obstante, el documento aprobado hoy aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los proyectos no deben tener derecho a compensación (párrafos 13, 14, 16, 17 y 33).
Transparencia
El pleno del PE considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico “se garanticen desde el inicio”. Asimismo, recuerda que la normativa europea sobre evaluación del impacto ambiental impone la obligación de consulta al público implicado en la fase de elaboración de los planes, “y no una vez que la autoridad local ha acordado los planes de facto” (párrafo 26).
Marbella
Los diputados manifiestan su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas “que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general” (párrafo 23).
Debate público
El texto insta al Gobierno español a llevar a cabo un debate público, con la participación de todas las administraciones, “mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible” (párrafo 6).
Contexto
Cerca del 50% de las denuncias sobre urbanismo recibidas por la comisión de Peticiones en esta legislatura proceden de ciudadanos españoles, mientras que un 30% han llegado del Reino Unido y un 15% de Alemania. El 5% restante se ha distribuido fundamentalmente entre Países Bajos y Bélgica.
El informe trata distintos aspectos de la legislación europea, que constituyen los principales puntos de encuentro entre las denuncias recibidas por la comisión de Peticiones.
En primer lugar, numerosas peticiones alegan el incumplimiento de la normativa europea sobre medio ambiente, basándose en la existencia de urbanizaciones construidas en áreas protegidas por directivas comunitarias, como la red Natura 2000. En muchos casos, los peticionarios subrayan que no se han efectuado las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la UE (los denunciantes suelen quejarse de que fueron las propias autoridades locales las que eludieron la elaboración de estos análisis). Actualmente, la CE está investigando estas supuestas infracciones.
El agua es otro de los argumentos más recurrentes de los denunciantes. Los diputados subrayan que la Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes sobre agua y cuencas fluviales, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia (considerando Ab).
Por otro lado, algunos propietarios denuncian la expropiación de sus terrenos sobre la base del supuesto “interés general” de los proyectos promovidos por las autoridades locales. En este sentido, tanto los peticionarios como los diputados consideran que la definición de “interés general” no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, y que dicho concepto se ha utilizado como excusa para la aprobación de “proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes negativos de la correspondiente Confederación Hidrográfica” (párrafo 21).
La CE ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).
Los casos de “urbanización extensiva” no afectan sólo a las zonas costeras, sino que también se han registrado en algunas áreas del centro de España, como Madrid y Castilla la Mancha. Sin embargo, en las zonas costeras existe un factor suplementario: la Ley de Costas. Según el PE, esta ley “afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes (…) y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos los complejos vacacionales”. Es por eso que los diputados proponen una revisión urgente de esta norma (considerando Q y párrafo 22).
Ponente: Margrete AUKEN.
Procedimiento: iniciativa.
Votación: 26.03.2009.
Informe AUKEN
Ref. : 20090325IPR52626
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Persona de contacto: David Madrid, portavoz del grupo Territorio Verde integrado en la Coordinadora Verde: 610 23 67 59
La Coordinadora Verde propone destinar un porcentaje del PIB a la
La Coordinadora Verde propone destinar un porcentaje del PIB a la
mejora de la Administración de Justicia.
El grupo de trabajo sobre Administración y Justicia de la Coordinadora
Verde propone que en los Presupuestos Generales de Estado se destine
una dotación presupuestaria mínima para la Administración de Justicia
que, según la coportavoz de dicha organización ecologista Sonia
Ortiga, “debería oscilar entre el 0,3 y el 0,5 por ciento del PIB,
durante un período mínimo de ocho años, trascurrido el cual se
valoraría la necesidad de continuar realizando dicho esfuerzo
presupuestario”.
Para Ortiga, “la Justicia es el último baluarte de los ciudadanos
frente a delitos y abusos y necesita contar con los medios humanos,
materiales y tecnológicos necesarios para que este servicio público
esencial pueda desempeñar su función garante en y del Estado de
Derecho”
El coportavoz Florent Marcellesi, por su parte, explica: “Lo que
queremos conseguir es que en nuestro país se consiga el nivel mínimo
de prestación de servicios públicos de Justicia exigible a los países
miembros de la Unión Europea. Si se quiere mejorar la capacidad de
España de garantizar los derechos fundamentales y las salvaguardas
procesales mínimas, es imprescindible conseguir un progreso sustancial
en los medios con los que cuenta la Administración de Justicia.
Conseguir esos objetivos, así como los de los Programas de La Haya y
de Estocolmo en materia de libertad, seguridad y justicia y avanzar
hacia la consecución de una Justicia respetuosa del medio ambiente en
sus prácticas y protectora del mismo, significará avanzar en el modelo
europeo de sociedad, del que la Justicia es uno de sus valores
fundamentales”.
La organización ecologista señala que con el Plan de Modernización de
la Justicia aprobado por el Gobierno no acabará con el atasco
judicial, ya que el retraso más importante no se encuentra en las
apelaciones sino en la primera instancia, como ponen de manifiesto los
propios datos del Consejo del Poder Judicial, por lo que se hace
necesaria una política de más largo recorrido. Las medidas que
pretende adoptar el Gobierno sólo son un parche que no resuelve el
problema de falta de medios que tiene la Justicia en España. El plan
aprobado nos mantiene alejados de la media europea de jueces por cada
100.000 habitantes, del cumplimiento de los objetivos previstos en los
planes europeos en materia de Justicia y esconde un recorte de
derechos. Un dato a recordar es que del total de jueces en activo el
17% son jueces sustitutos, dato incompatible con una Justicia de
calidad.
La Coordinadora Verde señala como objetivos de esta dotación
presupuestaria:
- La conversión de la Administración de Justicia en un servicio
público ágil, acorde con las exigencias de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, para lo que habrá que
dotarla de recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados,
previa implantación de planes de calidad y auditoría.
- Incremento de las ratios de número de juzgados y tribunales, así como de jueces y funcionarios por habitante
- Agilización de los procesos judiciales hasta que la duración de los
mismos alcance los estándares mínimos acordes con las exigencias del Tratado Europeo de Derechos Humanos.
- Fomento de los procesos de arbitraje, mejora de la calidad de las sentencias en las primeras instancias y evitación de recursos nnecesarios.
- Introducir en la Administración de Justicia conceptos e instrumentos que orienten la prestación de este servicio público hacia una Justicia protectora del medio ambiente, que contemple en sus prácticas el necesario respeto del mismo.
mejora de la Administración de Justicia.
El grupo de trabajo sobre Administración y Justicia de la Coordinadora
Verde propone que en los Presupuestos Generales de Estado se destine
una dotación presupuestaria mínima para la Administración de Justicia
que, según la coportavoz de dicha organización ecologista Sonia
Ortiga, “debería oscilar entre el 0,3 y el 0,5 por ciento del PIB,
durante un período mínimo de ocho años, trascurrido el cual se
valoraría la necesidad de continuar realizando dicho esfuerzo
presupuestario”.
Para Ortiga, “la Justicia es el último baluarte de los ciudadanos
frente a delitos y abusos y necesita contar con los medios humanos,
materiales y tecnológicos necesarios para que este servicio público
esencial pueda desempeñar su función garante en y del Estado de
Derecho”
El coportavoz Florent Marcellesi, por su parte, explica: “Lo que
queremos conseguir es que en nuestro país se consiga el nivel mínimo
de prestación de servicios públicos de Justicia exigible a los países
miembros de la Unión Europea. Si se quiere mejorar la capacidad de
España de garantizar los derechos fundamentales y las salvaguardas
procesales mínimas, es imprescindible conseguir un progreso sustancial
en los medios con los que cuenta la Administración de Justicia.
Conseguir esos objetivos, así como los de los Programas de La Haya y
de Estocolmo en materia de libertad, seguridad y justicia y avanzar
hacia la consecución de una Justicia respetuosa del medio ambiente en
sus prácticas y protectora del mismo, significará avanzar en el modelo
europeo de sociedad, del que la Justicia es uno de sus valores
fundamentales”.
La organización ecologista señala que con el Plan de Modernización de
la Justicia aprobado por el Gobierno no acabará con el atasco
judicial, ya que el retraso más importante no se encuentra en las
apelaciones sino en la primera instancia, como ponen de manifiesto los
propios datos del Consejo del Poder Judicial, por lo que se hace
necesaria una política de más largo recorrido. Las medidas que
pretende adoptar el Gobierno sólo son un parche que no resuelve el
problema de falta de medios que tiene la Justicia en España. El plan
aprobado nos mantiene alejados de la media europea de jueces por cada
100.000 habitantes, del cumplimiento de los objetivos previstos en los
planes europeos en materia de Justicia y esconde un recorte de
derechos. Un dato a recordar es que del total de jueces en activo el
17% son jueces sustitutos, dato incompatible con una Justicia de
calidad.
La Coordinadora Verde señala como objetivos de esta dotación
presupuestaria:
- La conversión de la Administración de Justicia en un servicio
público ágil, acorde con las exigencias de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, para lo que habrá que
dotarla de recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados,
previa implantación de planes de calidad y auditoría.
- Incremento de las ratios de número de juzgados y tribunales, así como de jueces y funcionarios por habitante
- Agilización de los procesos judiciales hasta que la duración de los
mismos alcance los estándares mínimos acordes con las exigencias del Tratado Europeo de Derechos Humanos.
- Fomento de los procesos de arbitraje, mejora de la calidad de las sentencias en las primeras instancias y evitación de recursos nnecesarios.
- Introducir en la Administración de Justicia conceptos e instrumentos que orienten la prestación de este servicio público hacia una Justicia protectora del medio ambiente, que contemple en sus prácticas el necesario respeto del mismo.
Los Verdes destacan la autoría de los países industrializados en el cambio climático y pide medidas consecuentes.
Hoy 23 de septiembre se reúnen un centenar de jefes de Estados y Gobiernos en la sede de la ONU en Nueva York en torno a las negociaciones post-Kyoto. Ante la falta de compromisos políticos y el cada vez más claro vínculo entre pobreza y cambio climático, Los Verdes proponen que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990 y la movilización conjunta mínima de 100.000 millones de euros anuales para este fin.
"Si quien contamina, paga, quienes son responsables del cambio climático estarían en la obligación de restituir el clima a su estado anterior a la emisión masiva de gases de efectos invernadero, y si esto no es posible, deben, al menos, comprometerse a hacer los esfuerzos necesarios para no condenar a otros países a la desaparición o a la miseria". Con estas palabras ha expresado Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, la línea de actuación política que defenderá esta organización ecologista ante los preparativos para la cumbre de Copenhague el próximo mes de diciembre, en la que se fijará el futuro régimen de reducción de emisiones de Co2.
Marcellesi añade que es el modelo de desarrollo insostenible, regido por el lucro, la explotación de los países empobrecidos y el expolio de los recursos naturales del planeta el que ha puesto en marcha un consumo inmoderado de combustibles fósiles con ingentes emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que los países ricos deben ahora asumir su responsabilidad en el calentamiento global. "La comunidad internacional tiene una oportunidad única en la renovación del Protocolo de Kyoto para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático y establecer procedimientos de justicia ambiental y social coherentes con la Declaración de Derechos Humanos y demás instrumentos del Derecho Internacional."
La Coordinadora Verde defenderá por tanto, en palabras del coportavoz, que el nuevo tratado sobre cambio climático garantice una reducción sustancial de las emisiones de los gases causantes del cambio climático que permita limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2º C por encima de la temperatura media existente antes del proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos.
Entre los acuerdos mínimos que deberían salir de Copenhague, explica por su parte la coportavoz Sonia Ortiga, "deben estar los dereducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990; la movilización conjunta de al menos 100.000 millones de euros al año para financiar la reducción de emisiones y la adaptación en los países en desarrollo y un compromiso firme para la progresiva sustitución de los combustibles fósiles, incluyendo mecanismos de fomento de la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables. Esta sustitución debe llevar a una reducción en torno al 90% de las emisiones de gases con efecto invernadero en 2050, con respecto a los niveles de 1990."
Además, manifiesta Sonia Ortiga, que la UE debe comprometerse a implantar una fiscalidad ecológica progresiva en favor de la eficiencia energética, las actividades menos contaminantes y la producción de energías limpias, mientras que los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus políticas medioambientales para hacerlas coherentes con el nuevo tratado sobre cambio climático, incluyendo la introducción de criterios medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. "Y todo ello" finaliza la coporatvoz- con el objetivo de que los países miembros de la Unión Europea superen la disociación entre políticas económicas y ambientales, garantizando de manera prioritaria el cumplimiento del nuevo tratado sobre cambio climático en el marco de una nueva política económica de decrecimiento de la huella ecológica, sustitutoria de la actual política de crecimiento económico, que es la principal causa del incremento de emisiones."
Verdes de Navarra - Naforrako Berdeak forma parte de la Coordinadora Verde, espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes -locales, autonómicos o estatales- y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en el Estado español. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.
"Si quien contamina, paga, quienes son responsables del cambio climático estarían en la obligación de restituir el clima a su estado anterior a la emisión masiva de gases de efectos invernadero, y si esto no es posible, deben, al menos, comprometerse a hacer los esfuerzos necesarios para no condenar a otros países a la desaparición o a la miseria". Con estas palabras ha expresado Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, la línea de actuación política que defenderá esta organización ecologista ante los preparativos para la cumbre de Copenhague el próximo mes de diciembre, en la que se fijará el futuro régimen de reducción de emisiones de Co2.
Marcellesi añade que es el modelo de desarrollo insostenible, regido por el lucro, la explotación de los países empobrecidos y el expolio de los recursos naturales del planeta el que ha puesto en marcha un consumo inmoderado de combustibles fósiles con ingentes emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que los países ricos deben ahora asumir su responsabilidad en el calentamiento global. "La comunidad internacional tiene una oportunidad única en la renovación del Protocolo de Kyoto para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático y establecer procedimientos de justicia ambiental y social coherentes con la Declaración de Derechos Humanos y demás instrumentos del Derecho Internacional."
La Coordinadora Verde defenderá por tanto, en palabras del coportavoz, que el nuevo tratado sobre cambio climático garantice una reducción sustancial de las emisiones de los gases causantes del cambio climático que permita limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2º C por encima de la temperatura media existente antes del proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos.
Entre los acuerdos mínimos que deberían salir de Copenhague, explica por su parte la coportavoz Sonia Ortiga, "deben estar los dereducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990; la movilización conjunta de al menos 100.000 millones de euros al año para financiar la reducción de emisiones y la adaptación en los países en desarrollo y un compromiso firme para la progresiva sustitución de los combustibles fósiles, incluyendo mecanismos de fomento de la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables. Esta sustitución debe llevar a una reducción en torno al 90% de las emisiones de gases con efecto invernadero en 2050, con respecto a los niveles de 1990."
Además, manifiesta Sonia Ortiga, que la UE debe comprometerse a implantar una fiscalidad ecológica progresiva en favor de la eficiencia energética, las actividades menos contaminantes y la producción de energías limpias, mientras que los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus políticas medioambientales para hacerlas coherentes con el nuevo tratado sobre cambio climático, incluyendo la introducción de criterios medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. "Y todo ello" finaliza la coporatvoz- con el objetivo de que los países miembros de la Unión Europea superen la disociación entre políticas económicas y ambientales, garantizando de manera prioritaria el cumplimiento del nuevo tratado sobre cambio climático en el marco de una nueva política económica de decrecimiento de la huella ecológica, sustitutoria de la actual política de crecimiento económico, que es la principal causa del incremento de emisiones."
Verdes de Navarra - Naforrako Berdeak forma parte de la Coordinadora Verde, espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes -locales, autonómicos o estatales- y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en el Estado español. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.
España, inmóvil durante la Semana Europea de Movilidad
Coordinadora Verde: "En el gobierno español nada se mueve cuando nos referimos a la nueva política de movilidad que demanda el Green New Deal. Para mejorar el clima y la movilidad en nuestras ciudades, deben converger y reforzarse mutuamente las actuaciones individuales y gubernamentales".
Con ocasión de la octava Semana Europea de la Movilidad, que comienza el miércoles, 16 de septiembre, hasta el próximo día 22, día en que se celebrará el día de “La ciudad, sin mi coche”, y que este año se celebra bajo el tema "Mejora el clima de tu ciudad", la Coordinadora Verde quiere mostrar su apoyo e impulsar el esfuerzo europeo por alcanzar un transporte sostenible.
Para Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista, "el tema de este año, Mejora el clima de tu ciudad, pone de relieve la importancia de las acciones individuales en la lucha contra el cambio climático, a pocos meses de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas que tendrá lugar en diciembre de 2009 en Copenhague, donde se concretarán los esfuerzos de los gobiernos". Marcellesi añade que, en cuanto a los desplazamientos personales, es necesario crear la conciencia ciudadana de la enorme contribución que puede realizarse a nivel individual si se va adquiriendo el hábito de los traslados a pie o en bicicleta, en coche compartido, en coche multiusario, o en transporte público. Un sistema de movilidad basado en el coche privado nunca será limpio ni sostenible.
Por otro lado, Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora, manifiesta la necesidad de que las autoridades competentes, a todos los niveles, apuesten por el transporte público, a fin de facilitar el desistimiento por parte de los ciudadanos de utilizar el coche privado para sus desplazamientos. "En España sobran inversiones en carreteras, pensadas para una movilidad insostenible, y faltan inversiones en medios de transporte público menos contaminantes, como trenes de cercanías e interregionales, por lo que desde la Coordinadora Verde pedimos un cambio de rumbo en las prioridades del Ministerio de Fomento. Además, la bicicleta debe ocupar un lugar central, ya que la mitad de los desplazamientos urbanos en coche se realizan en recorridos menores de tres kilómetros con una sola persona por vehículo".
La Semana Europea de la Movilidad, dedicada a la concienciación sobre la necesidad de cambiar el modelo de transporte contaminante actual hacia otro sostenible, comenzó a celebrarse en Europa en 2002 y desde entonces el número de países y localidades participantes ha ido en continuo incremento. No obstante, España disminuye este año el número de municipios participantes, pasando de los 366 del año anterior, a los 338 de esta edición. En muchas localidades, denuncia la Coordinadora, la celebración no dejará de ser una mera anécdota o un acontecimiento propagandístico de los equipos municipales, debido a la falta de compromiso político para promover una movilidad sostenible.
Ciclistas y peatones, añaden Los Verdes, son asediados por los vehículos motorizados, sin que la mayoría de los ayuntamientos ponga los medios necesarios para evitar esas situaciones de riesgo, por lo que es la conciencia cívica de nuestros conciudadanos la que demuestra cada vez en mayor medida y a la mínima oportunidad que sí desean utilizar la bicicleta y el transporte público como alternativa a medios de comunicación más contaminantes. Las autoridades, señalan los ecologistas, no deberían quedarse a la zaga de esa voluntad ciudadana.
Algunas medidas propuestas por Los Verdes:
-Reforma de la fiscalidad: gravar los coches particulares que emiten más de 120 g/km de C02, tal y como plantea el Parlamento Europeo.
-Creación, como en Londres o Estocolmo, de peajes urbanos para disminuir la congestión del tráfico y transmitir el verdadero precio económico del uso del coche para la comunidad y la naturaleza.
-Integrar el sector de los transportes de mercancías al mercado de C02 y gravar los bienes producidos según los kilómetros recorridos.
- Con esos ingresos, construcción de un modelo de movilidad alternativo y sostenible, privilegiando los modos de transporte limpios, públicos y complementarios. Nuevas líneas y servicios de autobuses, tranvías, metros o trenes de cercanías más frecuentes y regulares, a sitios más alejados
- Desarrollar medidas para conseguir un uso de las bicicletas orientadas a los trayectos domicilio-trabajo. Es imprescindible una red de carril bici bien interconectada y que sea funcional, que permita acceder con seguridad a todas las zonas de las ciudades y que interconecten pueblos cercanos
- Instaurar un Servicio Público de Alquiler de Bicicletas a gran escala, como pueden haber en ciudades como París y Lyón, ubicados en estaciones intermodales: salidas del tren, del metro, del tranvía, del autobús o de los aparcamientos disuasorios en las afueras de las ciudades. La complementariedad de los diferentes modos de transporte es clave, y el billete único a un precio muy asequible en toda la red es una piedra angular que complemente los otros servicios públicos de transporte.
Con ocasión de la octava Semana Europea de la Movilidad, que comienza el miércoles, 16 de septiembre, hasta el próximo día 22, día en que se celebrará el día de “La ciudad, sin mi coche”, y que este año se celebra bajo el tema "Mejora el clima de tu ciudad", la Coordinadora Verde quiere mostrar su apoyo e impulsar el esfuerzo europeo por alcanzar un transporte sostenible.
Para Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista, "el tema de este año, Mejora el clima de tu ciudad, pone de relieve la importancia de las acciones individuales en la lucha contra el cambio climático, a pocos meses de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas que tendrá lugar en diciembre de 2009 en Copenhague, donde se concretarán los esfuerzos de los gobiernos". Marcellesi añade que, en cuanto a los desplazamientos personales, es necesario crear la conciencia ciudadana de la enorme contribución que puede realizarse a nivel individual si se va adquiriendo el hábito de los traslados a pie o en bicicleta, en coche compartido, en coche multiusario, o en transporte público. Un sistema de movilidad basado en el coche privado nunca será limpio ni sostenible.
Por otro lado, Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora, manifiesta la necesidad de que las autoridades competentes, a todos los niveles, apuesten por el transporte público, a fin de facilitar el desistimiento por parte de los ciudadanos de utilizar el coche privado para sus desplazamientos. "En España sobran inversiones en carreteras, pensadas para una movilidad insostenible, y faltan inversiones en medios de transporte público menos contaminantes, como trenes de cercanías e interregionales, por lo que desde la Coordinadora Verde pedimos un cambio de rumbo en las prioridades del Ministerio de Fomento. Además, la bicicleta debe ocupar un lugar central, ya que la mitad de los desplazamientos urbanos en coche se realizan en recorridos menores de tres kilómetros con una sola persona por vehículo".
La Semana Europea de la Movilidad, dedicada a la concienciación sobre la necesidad de cambiar el modelo de transporte contaminante actual hacia otro sostenible, comenzó a celebrarse en Europa en 2002 y desde entonces el número de países y localidades participantes ha ido en continuo incremento. No obstante, España disminuye este año el número de municipios participantes, pasando de los 366 del año anterior, a los 338 de esta edición. En muchas localidades, denuncia la Coordinadora, la celebración no dejará de ser una mera anécdota o un acontecimiento propagandístico de los equipos municipales, debido a la falta de compromiso político para promover una movilidad sostenible.
Ciclistas y peatones, añaden Los Verdes, son asediados por los vehículos motorizados, sin que la mayoría de los ayuntamientos ponga los medios necesarios para evitar esas situaciones de riesgo, por lo que es la conciencia cívica de nuestros conciudadanos la que demuestra cada vez en mayor medida y a la mínima oportunidad que sí desean utilizar la bicicleta y el transporte público como alternativa a medios de comunicación más contaminantes. Las autoridades, señalan los ecologistas, no deberían quedarse a la zaga de esa voluntad ciudadana.
Algunas medidas propuestas por Los Verdes:
-Reforma de la fiscalidad: gravar los coches particulares que emiten más de 120 g/km de C02, tal y como plantea el Parlamento Europeo.
-Creación, como en Londres o Estocolmo, de peajes urbanos para disminuir la congestión del tráfico y transmitir el verdadero precio económico del uso del coche para la comunidad y la naturaleza.
-Integrar el sector de los transportes de mercancías al mercado de C02 y gravar los bienes producidos según los kilómetros recorridos.
- Con esos ingresos, construcción de un modelo de movilidad alternativo y sostenible, privilegiando los modos de transporte limpios, públicos y complementarios. Nuevas líneas y servicios de autobuses, tranvías, metros o trenes de cercanías más frecuentes y regulares, a sitios más alejados
- Desarrollar medidas para conseguir un uso de las bicicletas orientadas a los trayectos domicilio-trabajo. Es imprescindible una red de carril bici bien interconectada y que sea funcional, que permita acceder con seguridad a todas las zonas de las ciudades y que interconecten pueblos cercanos
- Instaurar un Servicio Público de Alquiler de Bicicletas a gran escala, como pueden haber en ciudades como París y Lyón, ubicados en estaciones intermodales: salidas del tren, del metro, del tranvía, del autobús o de los aparcamientos disuasorios en las afueras de las ciudades. La complementariedad de los diferentes modos de transporte es clave, y el billete único a un precio muy asequible en toda la red es una piedra angular que complemente los otros servicios públicos de transporte.
Los Verdes piden que se declare el salmón “en peligro de extinción”
Los Verdes piden protección para salvar el salmón atlántico en España, ya
al borde de la desaparición.
Para la Coordinadora Verde las actividades humanas son las responsables del
declive dramático de la especie. Los Verdes rechazan los chivos expiatorios
que proponen sectores interesados en la pesca irresponsable hasta el
agotamiento y en la explotación lucrativa sin límite de los recursos y del
territorio. Las causas reales del declive de la especie son la sobrepesca en
el mar y en los ríos, la destrucción del hábitat por obras, encauzamientos
y contaminación y los obstáculos a la subida de los peces a las zonas
fluviales de desove.
Las poblaciones relictas de salmón atlántico sobreviven en Galicia ,
Asturias, Cantabria y País Vasco, habiendo desparecido de Portugal y de
Europa Central.
Para Sonia Ortiga, coportavoz de La Coordinadora Verde “la mayor parte de
las zonas de reproducción de los salmones son ahora inaccesibles para los
peces migratorios, debido a los obstáculos y la contaminación “. Pero no
sólo es ese el problema, sino que “la actual forma de pesca fluvial es
insostenible: en esos pocos cauces salmoneros que quedan, el número de
pescadores es muy grande y las zonas aptas para los peces cada vez se
reducen más en los ríos gallegos, asturianos, cántabros y vascos. Por si
esto no fuese suficiente, los salmones son pescados en los ríos cuando suben
a desovar, antes de que lo hagan; es decir, se impide que se reproduzcan. Ya
no hay salmones en muchos ríos que incluso tuvieron en su día pesquerías
industriales. Con estos mimbres, y con la pesca en el mar en aumento y sin
control, la extinción parece próxima”.
En cuanto a las posibles medidas a tomar, para Florent Marcellesi,
coportavoz de la Coordinadora Verde “una veda amplia se hace imprescindible
para permitir la reproducción, aunque no guste a los pescadores. No sólo se
deben recuperar los cauces, eliminando obstáculos y contaminación, respetar
los bosques de ribera, o comprar derechos de pesca en alta mar y controlar
la pesca, sino que se debe garantizar la reproducción, y ésa tiene lugar en
los ríos”. Con los niveles poblacionales actuales, que son mínimos en la
historia a tenor de las capturas de 2009 (menos de 500 peces en
total), *debería procederse a su inclusión en los libros rojos como especie en peligro de
extinción*, lo que permitiría un desove tranquilo y la reproducción exitosa.
Para Marcellesi “no se deben adoptar medidas coyunturales y retirarlas si el
año próximo aparecen unos pocos cientos de salmones más que en 2009; hay que
trabajar a más largo plazo y conseguir una recuperación poblacional. Eso
pasa por mantener la veda total durante un periodo largo y cuantificar la
evolución de las poblaciones de forma continuada. Se protege ahora o nunca”.
al borde de la desaparición.
Para la Coordinadora Verde las actividades humanas son las responsables del
declive dramático de la especie. Los Verdes rechazan los chivos expiatorios
que proponen sectores interesados en la pesca irresponsable hasta el
agotamiento y en la explotación lucrativa sin límite de los recursos y del
territorio. Las causas reales del declive de la especie son la sobrepesca en
el mar y en los ríos, la destrucción del hábitat por obras, encauzamientos
y contaminación y los obstáculos a la subida de los peces a las zonas
fluviales de desove.
Las poblaciones relictas de salmón atlántico sobreviven en Galicia ,
Asturias, Cantabria y País Vasco, habiendo desparecido de Portugal y de
Europa Central.
Para Sonia Ortiga, coportavoz de La Coordinadora Verde “la mayor parte de
las zonas de reproducción de los salmones son ahora inaccesibles para los
peces migratorios, debido a los obstáculos y la contaminación “. Pero no
sólo es ese el problema, sino que “la actual forma de pesca fluvial es
insostenible: en esos pocos cauces salmoneros que quedan, el número de
pescadores es muy grande y las zonas aptas para los peces cada vez se
reducen más en los ríos gallegos, asturianos, cántabros y vascos. Por si
esto no fuese suficiente, los salmones son pescados en los ríos cuando suben
a desovar, antes de que lo hagan; es decir, se impide que se reproduzcan. Ya
no hay salmones en muchos ríos que incluso tuvieron en su día pesquerías
industriales. Con estos mimbres, y con la pesca en el mar en aumento y sin
control, la extinción parece próxima”.
En cuanto a las posibles medidas a tomar, para Florent Marcellesi,
coportavoz de la Coordinadora Verde “una veda amplia se hace imprescindible
para permitir la reproducción, aunque no guste a los pescadores. No sólo se
deben recuperar los cauces, eliminando obstáculos y contaminación, respetar
los bosques de ribera, o comprar derechos de pesca en alta mar y controlar
la pesca, sino que se debe garantizar la reproducción, y ésa tiene lugar en
los ríos”. Con los niveles poblacionales actuales, que son mínimos en la
historia a tenor de las capturas de 2009 (menos de 500 peces en
total), *debería procederse a su inclusión en los libros rojos como especie en peligro de
extinción*, lo que permitiría un desove tranquilo y la reproducción exitosa.
Para Marcellesi “no se deben adoptar medidas coyunturales y retirarlas si el
año próximo aparecen unos pocos cientos de salmones más que en 2009; hay que
trabajar a más largo plazo y conseguir una recuperación poblacional. Eso
pasa por mantener la veda total durante un periodo largo y cuantificar la
evolución de las poblaciones de forma continuada. Se protege ahora o nunca”.
Los Verdes instan a que los hipermercados dejen de utilizar bolsas de plástico
España, al contrario que alguno de sus vecinos de Europa como Alemania o Bélgica y a pesar de iniciativas de algunas cadenas de supermercados, sigue siendo uno de los principales consumidores de bolsas de plástico, en concreto el tercer país europeo en consumo de bolsas. Cada habitante español gasta 238 bolsas de un solo uso cada año, lo que supone un consumo global de 16,000 millones que generan 100,000 toneladas residuos no biodegradables.
Según Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "las bolsas no deberían de entregarse de forma gratuita en los supermercados, ya que esto fomenta su uso indebido. Es imprescindible que se graven las actuales bolsas de plástico para que el periodo de transición sea el menor posible y se cumplan los plazos de ejecución del plan Nacional de Residuos como ya se ha hecho en Irlanda o Inglaterra. Lo mejor sería que siguiendo el ejemplo belga, no se dieran bolsas de plástico gratuitas en los hipermercados. Cada consumidor trae su propia bolsa o carrito y se hace responsable de su compra. Esto es el verdadero consumo responsable."
La Coordinadora Verde hace un llamamiento a las empresas que actualmente producen bolsas de plástico para que modifiquen sus planes de negocio. Según el coportavoz de la Coordinadora Verde Florent Marcellesi: "Las bolsas de plástico son un problema medioambiental de primer orden que las empresas no pueden ni deben oponer a la defensa del empleo. Al contrario, si realmente quieren defender la actividad en su sector de manera sostenida en el tiempo, implica que estas empresas reorienten cuanto antes su negocio, a base de invertir en Investigación y Desarrollo, para lograr hacer bolsas biodegradables y de múltiples usos, como pueden ser las de fécula de patata." Recordando que se abre un buen panorama para la confección y diseño de bolsas de tela, como ya vienen ocurriendo en otros países europeos, donde ha existido un auténtico boom de estos artículos, Florent Marcellesi insiste en que "solo una reconversión ecológica del sector, es decir una adecuada adaptación de las empresas a la producción sostenible y de común acuerdo con las y los trabajadores, puede asegurar que los 11.000 puestos de trabajo en juego se mantengan respetando el medio ambiente".
Verdes de Navarra - Nafarroako Berdeak forman parte de la Coordinadora Verde que es un espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes locales, autonómicos o estatales y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en España. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.
Según Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "las bolsas no deberían de entregarse de forma gratuita en los supermercados, ya que esto fomenta su uso indebido. Es imprescindible que se graven las actuales bolsas de plástico para que el periodo de transición sea el menor posible y se cumplan los plazos de ejecución del plan Nacional de Residuos como ya se ha hecho en Irlanda o Inglaterra. Lo mejor sería que siguiendo el ejemplo belga, no se dieran bolsas de plástico gratuitas en los hipermercados. Cada consumidor trae su propia bolsa o carrito y se hace responsable de su compra. Esto es el verdadero consumo responsable."
La Coordinadora Verde hace un llamamiento a las empresas que actualmente producen bolsas de plástico para que modifiquen sus planes de negocio. Según el coportavoz de la Coordinadora Verde Florent Marcellesi: "Las bolsas de plástico son un problema medioambiental de primer orden que las empresas no pueden ni deben oponer a la defensa del empleo. Al contrario, si realmente quieren defender la actividad en su sector de manera sostenida en el tiempo, implica que estas empresas reorienten cuanto antes su negocio, a base de invertir en Investigación y Desarrollo, para lograr hacer bolsas biodegradables y de múltiples usos, como pueden ser las de fécula de patata." Recordando que se abre un buen panorama para la confección y diseño de bolsas de tela, como ya vienen ocurriendo en otros países europeos, donde ha existido un auténtico boom de estos artículos, Florent Marcellesi insiste en que "solo una reconversión ecológica del sector, es decir una adecuada adaptación de las empresas a la producción sostenible y de común acuerdo con las y los trabajadores, puede asegurar que los 11.000 puestos de trabajo en juego se mantengan respetando el medio ambiente".
Verdes de Navarra - Nafarroako Berdeak forman parte de la Coordinadora Verde que es un espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes locales, autonómicos o estatales y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en España. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.
LA COORDINADORA VERDE PIDE LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE AUNG SAN KYL Y EL FIN DEL RÉGIMEN DICTARIOAL BIRMANO.
La Premio Nobel de la Paz y luchadora por la democracia, Aung San Suu
Kyi, ha sido sentenciada a otro año y medio de arresto domiciliario
por un tribunal arbitrario de Birmania.
El trato que le han dado a Suu Kyi señala con claridad la brutalidad
del régimen birmano, que abarca 40 años de asesinatos, tortura,
violaciones masivas y trabajo esclavo. Exigimos que el gobierno de
Myanmar retire los cargos contra la líder y que garantice que pueda
presentarse a las próximas elecciones. Son casi 14 años los que lleva
detenida esta lider de los Derechos Humanos dificultando así los
cambios democráticos que precisa este país.
Al mismo tiempo pedimos a la diplomacia española, a la Unión Europea y
a Naciones Unidas que presionen ante las autoridades de Myanmar por su
liberación y cuestionen su régimen dictatorial. Junto a otros
numerosos grupos y junto al Grupo Verde en el Parlamento Europeo, la
Coordinadora Verde piensa que ha llegado el momento de que el mundo
juzgue a los generales birmanos. Numerosas organizaciones han hecho un
llamamiento pidiendo su libertad y exigiendo a los gobiernos de los
países democráticos una postura firme ante la dictadura de Myanmar.
Desde la Coordinadora verde pedimos que el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas investigue los crímenes contra la humanidad cometidos
por el régimen de Myanmar. La Corte Penal Internacional debería
intervenir acusando a las autoridades Birmanas y una resolución de
culpabilidad por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
contribuiría a la incriminación de los líderes de la junta.
Exigimos al presidente del gobierno español, Sr. Rodríguez Zapatero y
al Ministro de Exteriores Sr. Moratinos que se dirijan a las
autoridades de Myanmar pidiendo la liberación de Aung San Suu Kyi, y
que realicen las gestiones oportunas ante el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas para establecer una Comisión de Investigación que
permita el enjuiciamiento del régimen birmano por los crímenes
cometidos contra la humanidad.
Por último, instamos a las multinacionales que colaboran con el
gobierno birmano que dejen de apoyar de manera directa o indirecta al
régimen dictatorial. Asimismo en una era en la que las empresas nos
hablan de responsabilidad social corporativa y de ética, la
Coordinadora Verde llama a l@s consumidores a presionar a las
compañías de sector del gas y del petroleo, y del sector turístico que
tienen sede en España.
Portavoces,
Florent Marcellesi 628334891
Sonia Ortiga 645803417
Verdes de Navarra - Nafarroako Berdeak forman parte de la Coordinadora Verde que es un espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes locales, autonómicos o estatales y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en España. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.
Contacto con Prensa y Redes
Prensa komun...@hondarribiaverde.org
Redes re...@hondarribiaverde.org
En Navarra navarra@verdes.es
Kyi, ha sido sentenciada a otro año y medio de arresto domiciliario
por un tribunal arbitrario de Birmania.
El trato que le han dado a Suu Kyi señala con claridad la brutalidad
del régimen birmano, que abarca 40 años de asesinatos, tortura,
violaciones masivas y trabajo esclavo. Exigimos que el gobierno de
Myanmar retire los cargos contra la líder y que garantice que pueda
presentarse a las próximas elecciones. Son casi 14 años los que lleva
detenida esta lider de los Derechos Humanos dificultando así los
cambios democráticos que precisa este país.
Al mismo tiempo pedimos a la diplomacia española, a la Unión Europea y
a Naciones Unidas que presionen ante las autoridades de Myanmar por su
liberación y cuestionen su régimen dictatorial. Junto a otros
numerosos grupos y junto al Grupo Verde en el Parlamento Europeo, la
Coordinadora Verde piensa que ha llegado el momento de que el mundo
juzgue a los generales birmanos. Numerosas organizaciones han hecho un
llamamiento pidiendo su libertad y exigiendo a los gobiernos de los
países democráticos una postura firme ante la dictadura de Myanmar.
Desde la Coordinadora verde pedimos que el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas investigue los crímenes contra la humanidad cometidos
por el régimen de Myanmar. La Corte Penal Internacional debería
intervenir acusando a las autoridades Birmanas y una resolución de
culpabilidad por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
contribuiría a la incriminación de los líderes de la junta.
Exigimos al presidente del gobierno español, Sr. Rodríguez Zapatero y
al Ministro de Exteriores Sr. Moratinos que se dirijan a las
autoridades de Myanmar pidiendo la liberación de Aung San Suu Kyi, y
que realicen las gestiones oportunas ante el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas para establecer una Comisión de Investigación que
permita el enjuiciamiento del régimen birmano por los crímenes
cometidos contra la humanidad.
Por último, instamos a las multinacionales que colaboran con el
gobierno birmano que dejen de apoyar de manera directa o indirecta al
régimen dictatorial. Asimismo en una era en la que las empresas nos
hablan de responsabilidad social corporativa y de ética, la
Coordinadora Verde llama a l@s consumidores a presionar a las
compañías de sector del gas y del petroleo, y del sector turístico que
tienen sede en España.
Portavoces,
Florent Marcellesi 628334891
Sonia Ortiga 645803417
Verdes de Navarra - Nafarroako Berdeak forman parte de la Coordinadora Verde que es un espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes locales, autonómicos o estatales y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en España. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.
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