Más democracia y más participación social es la receta de Los Verdes contra los numerosos casos de corrupción política y económica que continúan saliendo a la luz pública, provocando que los ciudadanos se alejen de la vida política, pongan bajo sospecha a cualquier cargo político designado o elegido y cuestionen la calidad de la democracia y el funcionamiento de las instituciones.
Sonia Ortiga, abogada y coportavoz de la Coordinadora Verde, manifiesta que "la clave para luchar contra la corrupción política no es tanto contar con una legislación ad hoc, sino aumentar la eficacia que los fiscales y los jueces puedan imprimir en su aplicación a estas normativas que persiguen la prevención de conductas tan antisociales. Y, sobre todo, estimular y hacer posible la participación pública."
"Hasta ahora, las leyes, como decía Gandhi de las cobras, sólo muerden a los que van descalzos", declara el coportavoz Florent Marcellesi, que también apuesta por un impulso decisivo de la democracia participativa y explica que la luz y el aire puro son el mejor antídoto contra la corrupción. “Si se presentaran ante la sociedad las iniciativas de proyectos públicos para que los ciudadanos pudieran opinar sobre su conveniencia y participaran en todas las fases de los proyectos que acaban desarrollándose, se haría muy difícil que alguien pudiera seguir "llevándose dinero por debajo de la mesa". Y añade que habría que cambiar algunas cosas en el sistema urbanístico, como eliminar el agente urbanizador o, al menos, restringir y controlar mucho su figura.
Para la Coordinadora Verde, los continuos casos de corrupción que salen a la luz en España han creado una situación doblemente grave por las circunstancias actuales de crisis económica y ecológica, que exige de un liderazgo político que encauce la economía para ponerla al servicio de los ciudadanos y del medio ambiente, por lo que no basta con denunciar los casos puntuales que se vayan descubriendo, sino que hay que plantear unos mecanismos preventivos que pongan fin definitivamente a esta lacra social y permitan recuperar la credibilidad de la clase política. Propone, por tanto, un pacto de Estado que incluya las necesarias reformas del régimen electoral y de la financiación de los partidos, listas abiertas, controles exhaustivos en la financiación de las campañas electorales, igualdad plena de acceso a los medios de comunicación públicos de los partidos políticos y un control autonómico de la gestión urbanística municipal.
