Visita de la Eurodiputada de Los Verdes Margret Auken a España

Autora del informe sobre los abusos urbanísticos en España, la eurodiputada de Los Verdes participará en un debate con representantes de vecinos afectados por la problemática urbanística y diversos colectivos de la zona el sábado 26 de septiembre en Alfas del Pi (Alicante). Estará acompañada por el asesor legal del Partido Verde Europeo Kjell Sevon

La Coordinadora Verde aprovecha la visita para apostar por un turismo ecológico y respetuoso con el Planeta e invitar a participar en el encuentro y debate.

En la víspera del día Internacional del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre, estará en España la eurodiputada de Los Verdes Margret Auken. El informe que elaboró para la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, después refrendado por el Pleno de la Cámara recuerda que el turismo residencial a la española es la forma más injustificable e imposible de Sustentar, de hacer turismo.

Los Verdes invitan a acercarse a la conferencia que dará la eurodiputada de Los Verdes, Margret Auken, autora del informe sobre los abusos urbanísticos en España, el sábado 26 de septiembre en Alfas del Pi (Alicante) a las 18:00 horas en el hotel Sun Palace. La entrada es libre hasta completar el aforo.


RESEÑA DEL INFORME AUKEN
El Parlamento Europeo aprobó, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, un informe de la comisión de Peticiones que critica las prácticas de “urbanización masiva” en España y la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción. El texto propone “suspender y revisar” todo plan urbanístico nuevo que no garantice el respeto por la propiedad y sugiere interrumpir los fondos estructurales y de cohesión a España hasta que no se solucione el problema.
Además, reclama una indemnización adecuada para las víctimas de los “abusos urbanísticos” y considera “alarmante” la falta de confianza de los denunciantes en el sistema judicial español.
El informe de la diputada danesa de Los Verdes Margrete AUKEN fue aprobado por el pleno después de que los eurodiputados rechazasen las resoluciones alternativas presentadas por el grupo socialista y varios diputados del grupo PPE-DE, respectivamente.
Ésta fue la tercera vez que el pleno de la Eurocámara se posiciona sobre este tema. La primera fue en diciembre de 2005 (informe Fortou) y la segunda una resolución aprobada en junio de 2007.
El informe de la comisión de Peticiones pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas implicadas que lleven a cabo una “profunda revisión” de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de “poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones” recogidos en varios tratados internacionales (párrafo 1).
Además, el Parlamento Europeo critica la “avaricia” y la “conducta especulativa” de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción, “que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades” (considerando Aj).
Los diputados recuerdan que la Comisión está facultada a suspender la provisión de fondos estructurales a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa exigida. Además, el informe señala que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en la reserva los fondos destinados a políticas de cohesión para convencer a un Estado miembro de que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar (párrafos 27 y 28).
Por otra parte, la Eurocámara considera que las autoridades regionales competentes deberían “suspender y revisar” todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente. Los Gobiernos de las regiones afectadas también deberían “detener y anular todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario” (párrafo 3).
Los eurodiputados rechazaron el texto alternativo presentado por el grupo socialista con 72 votos a favor, 436 en contra y 44 abstenciones. Antes de la votación, el socialista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre de la propuesta de resolución presentada por su grupo y que votaría a favor del informe de Margrete Auken. La propuesta de los diputados del PPE-DE, que se votó en primer lugar, obtuvo 126 votos a favor frente a 393 en contra.
Antes de la votación, la ponente criticó las “acciones abusivas de numerosas autoridades locales y regionales” y recordó que este informe “es el resultado de un intenso trabajo de los miembros de la comisión de Peticiones”. Además, subrayó que este tema “ha tenido un gran impacto en las vidas de decenas de miles de ciudadanos europeos que viven en España, así como en la economía y el medio ambiente españoles”.
Por otra parte, Auken lamentó que este tema no se haya sometido a debate en el pleno de la Eurocámara y aseguró que la aprobación de este informe “garantizará que las leyes se modifiquen en beneficio de España”.
El texto reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores aprobadas por el pleno de la Eurocámara, “que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona”. Asimismo, recalca que los agentes inmobiliarios de Estados miembros como el Reino Unido siguen poniendo a la venta propiedades en urbanizaciones nuevas, a pesar de saber que existe la posibilidad de que el proyecto en cuestión no se termine o no se construya (párrafo 29 y considerando Ai).
Según el informe, las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una “destrucción masiva” en la última década, puesto que “el cemento y el hormigón han saturado esas regiones” (considerando Aj).
Sistema judicial e indemnizaciones
Los diputados señalan que los procedimientos judiciales incoados “siguen siendo lentos” y califican de “alarmante” la “falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español”. También subrayan que las personas “que hayan adquirido de buena fe” una propiedad en España declarada ilegal deberían tener derecho a una indemnización adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles. No obstante, el documento aprobado hoy aclara que los promotores conscientes de la ilegalidad de los proyectos no deben tener derecho a compensación (párrafos 13, 14, 16, 17 y 33).
Transparencia
El pleno del PE considera necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico “se garanticen desde el inicio”. Asimismo, recuerda que la normativa europea sobre evaluación del impacto ambiental impone la obligación de consulta al público implicado en la fase de elaboración de los planes, “y no una vez que la autoridad local ha acordado los planes de facto” (párrafo 26).
Marbella
Los diputados manifiestan su preocupación sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas “que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública, y que están a punto de ser legalizadas gracias a un nuevo plan general urbano, que no brinda seguridad jurídica ni garantías a los compradores, los propietarios y los ciudadanos en general” (párrafo 23).
Debate público
El texto insta al Gobierno español a llevar a cabo un debate público, con la participación de todas las administraciones, “mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible” (párrafo 6).
Contexto
Cerca del 50% de las denuncias sobre urbanismo recibidas por la comisión de Peticiones en esta legislatura proceden de ciudadanos españoles, mientras que un 30% han llegado del Reino Unido y un 15% de Alemania. El 5% restante se ha distribuido fundamentalmente entre Países Bajos y Bélgica.
El informe trata distintos aspectos de la legislación europea, que constituyen los principales puntos de encuentro entre las denuncias recibidas por la comisión de Peticiones.
En primer lugar, numerosas peticiones alegan el incumplimiento de la normativa europea sobre medio ambiente, basándose en la existencia de urbanizaciones construidas en áreas protegidas por directivas comunitarias, como la red Natura 2000. En muchos casos, los peticionarios subrayan que no se han efectuado las evaluaciones de impacto ambiental requeridas por la UE (los denunciantes suelen quejarse de que fueron las propias autoridades locales las que eludieron la elaboración de estos análisis). Actualmente, la CE está investigando estas supuestas infracciones.
El agua es otro de los argumentos más recurrentes de los denunciantes. Los diputados subrayan que la Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes sobre agua y cuencas fluviales, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia (considerando Ab).
Por otro lado, algunos propietarios denuncian la expropiación de sus terrenos sobre la base del supuesto “interés general” de los proyectos promovidos por las autoridades locales. En este sentido, tanto los peticionarios como los diputados consideran que la definición de “interés general” no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, y que dicho concepto se ha utilizado como excusa para la aprobación de “proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental, obviándose en algunos casos evaluaciones de impacto medioambiental e informes negativos de la correspondiente Confederación Hidrográfica” (párrafo 21).
La CE ha incoado procedimientos contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE debido al incumplimiento de la directiva europea sobre contratos públicos por parte de las leyes urbanísticas de la Comunidad Valenciana (LRAU y LUV).
Los casos de “urbanización extensiva” no afectan sólo a las zonas costeras, sino que también se han registrado en algunas áreas del centro de España, como Madrid y Castilla la Mancha. Sin embargo, en las zonas costeras existe un factor suplementario: la Ley de Costas. Según el PE, esta ley “afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes (…) y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos los complejos vacacionales”. Es por eso que los diputados proponen una revisión urgente de esta norma (considerando Q y párrafo 22).
Ponente: Margrete AUKEN.
Procedimiento: iniciativa.
Votación: 26.03.2009.
Informe AUKEN
Ref. : 20090325IPR52626
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Persona de contacto: David Madrid, portavoz del grupo Territorio Verde integrado en la Coordinadora Verde: 610 23 67 59

La Coordinadora Verde propone destinar un porcentaje del PIB a la

La Coordinadora Verde propone destinar un porcentaje del PIB a la
mejora de la Administración de Justicia.

El grupo de trabajo sobre Administración y Justicia de la Coordinadora
Verde propone que en los Presupuestos Generales de Estado se destine
una dotación presupuestaria mínima para la Administración de Justicia
que, según la coportavoz de dicha organización ecologista Sonia
Ortiga, “debería oscilar entre el 0,3 y el 0,5 por ciento del PIB,
durante un período mínimo de ocho años, trascurrido el cual se
valoraría la necesidad de continuar realizando dicho esfuerzo
presupuestario”.

Para Ortiga, “la Justicia es el último baluarte de los ciudadanos
frente a delitos y abusos y necesita contar con los medios humanos,
materiales y tecnológicos necesarios para que este servicio público
esencial pueda desempeñar su función garante en y del Estado de
Derecho”

El coportavoz Florent Marcellesi, por su parte, explica: “Lo que
queremos conseguir es que en nuestro país se consiga el nivel mínimo
de prestación de servicios públicos de Justicia exigible a los países
miembros de la Unión Europea. Si se quiere mejorar la capacidad de
España de garantizar los derechos fundamentales y las salvaguardas
procesales mínimas, es imprescindible conseguir un progreso sustancial
en los medios con los que cuenta la Administración de Justicia.
Conseguir esos objetivos, así como los de los Programas de La Haya y
de Estocolmo en materia de libertad, seguridad y justicia y avanzar
hacia la consecución de una Justicia respetuosa del medio ambiente en
sus prácticas y protectora del mismo, significará avanzar en el modelo
europeo de sociedad, del que la Justicia es uno de sus valores
fundamentales”.

La organización ecologista señala que con el Plan de Modernización de
la Justicia aprobado por el Gobierno no acabará con el atasco
judicial, ya que el retraso más importante no se encuentra en las
apelaciones sino en la primera instancia, como ponen de manifiesto los
propios datos del Consejo del Poder Judicial, por lo que se hace
necesaria una política de más largo recorrido. Las medidas que
pretende adoptar el Gobierno sólo son un parche que no resuelve el
problema de falta de medios que tiene la Justicia en España. El plan
aprobado nos mantiene alejados de la media europea de jueces por cada
100.000 habitantes, del cumplimiento de los objetivos previstos en los
planes europeos en materia de Justicia y esconde un recorte de
derechos. Un dato a recordar es que del total de jueces en activo el
17% son jueces sustitutos, dato incompatible con una Justicia de
calidad.

La Coordinadora Verde señala como objetivos de esta dotación
presupuestaria:

- La conversión de la Administración de Justicia en un servicio
público ágil, acorde con las exigencias de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, para lo que habrá que
dotarla de recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados,
previa implantación de planes de calidad y auditoría.

- Incremento de las ratios de número de juzgados y tribunales, así como de jueces y funcionarios por habitante

- Agilización de los procesos judiciales hasta que la duración de los
mismos alcance los estándares mínimos acordes con las exigencias del Tratado Europeo de Derechos Humanos.

- Fomento de los procesos de arbitraje, mejora de la calidad de las sentencias en las primeras instancias y evitación de recursos nnecesarios.

- Introducir en la Administración de Justicia conceptos e instrumentos que orienten la prestación de este servicio público hacia una Justicia protectora del medio ambiente, que contemple en sus prácticas el necesario respeto del mismo.

Los Verdes destacan la autoría de los países industrializados en el cambio climático y pide medidas consecuentes.

Hoy 23 de septiembre se reúnen un centenar de jefes de Estados y Gobiernos en la sede de la ONU en Nueva York en torno a las negociaciones post-Kyoto. Ante la falta de compromisos políticos y el cada vez más claro vínculo entre pobreza y cambio climático, Los Verdes proponen que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990 y la movilización conjunta mínima de 100.000 millones de euros anuales para este fin.

"Si quien contamina, paga, quienes son responsables del cambio climático estarían en la obligación de restituir el clima a su estado anterior a la emisión masiva de gases de efectos invernadero, y si esto no es posible, deben, al menos, comprometerse a hacer los esfuerzos necesarios para no condenar a otros países a la desaparición o a la miseria". Con estas palabras ha expresado Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, la línea de actuación política que defenderá esta organización ecologista ante los preparativos para la cumbre de Copenhague el próximo mes de diciembre, en la que se fijará el futuro régimen de reducción de emisiones de Co2.

Marcellesi añade que es el modelo de desarrollo insostenible, regido por el lucro, la explotación de los países empobrecidos y el expolio de los recursos naturales del planeta el que ha puesto en marcha un consumo inmoderado de combustibles fósiles con ingentes emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que los países ricos deben ahora asumir su responsabilidad en el calentamiento global. "La comunidad internacional tiene una oportunidad única en la renovación del Protocolo de Kyoto para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático y establecer procedimientos de justicia ambiental y social coherentes con la Declaración de Derechos Humanos y demás instrumentos del Derecho Internacional."

La Coordinadora Verde defenderá por tanto, en palabras del coportavoz, que el nuevo tratado sobre cambio climático garantice una reducción sustancial de las emisiones de los gases causantes del cambio climático que permita limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2º C por encima de la temperatura media existente antes del proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos.
Entre los acuerdos mínimos que deberían salir de Copenhague, explica por su parte la coportavoz Sonia Ortiga, "deben estar los dereducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990; la movilización conjunta de al menos 100.000 millones de euros al año para financiar la reducción de emisiones y la adaptación en los países en desarrollo y un compromiso firme para la progresiva sustitución de los combustibles fósiles, incluyendo mecanismos de fomento de la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables. Esta sustitución debe llevar a una reducción en torno al 90% de las emisiones de gases con efecto invernadero en 2050, con respecto a los niveles de 1990."
Además, manifiesta Sonia Ortiga, que la UE debe comprometerse a implantar una fiscalidad ecológica progresiva en favor de la eficiencia energética, las actividades menos contaminantes y la producción de energías limpias, mientras que los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus políticas medioambientales para hacerlas coherentes con el nuevo tratado sobre cambio climático, incluyendo la introducción de criterios medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. "Y todo ello" finaliza la coporatvoz- con el objetivo de que los países miembros de la Unión Europea superen la disociación entre políticas económicas y ambientales, garantizando de manera prioritaria el cumplimiento del nuevo tratado sobre cambio climático en el marco de una nueva política económica de decrecimiento de la huella ecológica, sustitutoria de la actual política de crecimiento económico, que es la principal causa del incremento de emisiones."
Verdes de Navarra - Naforrako Berdeak forma parte de la Coordinadora Verde, espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes -locales, autonómicos o estatales- y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en el Estado español. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.

España, inmóvil durante la Semana Europea de Movilidad

Coordinadora Verde: "En el gobierno español nada se mueve cuando nos referimos a la nueva política de movilidad que demanda el Green New Deal. Para mejorar el clima y la movilidad en nuestras ciudades, deben converger y reforzarse mutuamente las actuaciones individuales y gubernamentales".

Con ocasión de la octava Semana Europea de la Movilidad, que comienza el miércoles, 16 de septiembre, hasta el próximo día 22, día en que se celebrará el día de “La ciudad, sin mi coche”, y que este año se celebra bajo el tema "Mejora el clima de tu ciudad", la Coordinadora Verde quiere mostrar su apoyo e impulsar el esfuerzo europeo por alcanzar un transporte sostenible.


Para Florent Marcellesi, coportavoz de la organización ecologista, "el tema de este año, Mejora el clima de tu ciudad, pone de relieve la importancia de las acciones individuales en la lucha contra el cambio climático, a pocos meses de la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas que tendrá lugar en diciembre de 2009 en Copenhague, donde se concretarán los esfuerzos de los gobiernos". Marcellesi añade que, en cuanto a los desplazamientos personales, es necesario crear la conciencia ciudadana de la enorme contribución que puede realizarse a nivel individual si se va adquiriendo el hábito de los traslados a pie o en bicicleta, en coche compartido, en coche multiusario, o en transporte público. Un sistema de movilidad basado en el coche privado nunca será limpio ni sostenible.


Por otro lado, Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora, manifiesta la necesidad de que las autoridades competentes, a todos los niveles, apuesten por el transporte público, a fin de facilitar el desistimiento por parte de los ciudadanos de utilizar el coche privado para sus desplazamientos. "En España sobran inversiones en carreteras, pensadas para una movilidad insostenible, y faltan inversiones en medios de transporte público menos contaminantes, como trenes de cercanías e interregionales, por lo que desde la Coordinadora Verde pedimos un cambio de rumbo en las prioridades del Ministerio de Fomento. Además, la bicicleta debe ocupar un lugar central, ya que la mitad de los desplazamientos urbanos en coche se realizan en recorridos menores de tres kilómetros con una sola persona por vehículo".


La Semana Europea de la Movilidad, dedicada a la concienciación sobre la necesidad de cambiar el modelo de transporte contaminante actual hacia otro sostenible, comenzó a celebrarse en Europa en 2002 y desde entonces el número de países y localidades participantes ha ido en continuo incremento. No obstante, España disminuye este año el número de municipios participantes, pasando de los 366 del año anterior, a los 338 de esta edición. En muchas localidades, denuncia la Coordinadora, la celebración no dejará de ser una mera anécdota o un acontecimiento propagandístico de los equipos municipales, debido a la falta de compromiso político para promover una movilidad sostenible.

Ciclistas y peatones, añaden Los Verdes, son asediados por los vehículos motorizados, sin que la mayoría de los ayuntamientos ponga los medios necesarios para evitar esas situaciones de riesgo, por lo que es la conciencia cívica de nuestros conciudadanos la que demuestra cada vez en mayor medida y a la mínima oportunidad que sí desean utilizar la bicicleta y el transporte público como alternativa a medios de comunicación más contaminantes. Las autoridades, señalan los ecologistas, no deberían quedarse a la zaga de esa voluntad ciudadana.

Algunas medidas propuestas por Los Verdes:
-Reforma de la fiscalidad: gravar los coches particulares que emiten más de 120 g/km de C02, tal y como plantea el Parlamento Europeo.
-Creación, como en Londres o Estocolmo, de peajes urbanos para disminuir la congestión del tráfico y transmitir el verdadero precio económico del uso del coche para la comunidad y la naturaleza.
-Integrar el sector de los transportes de mercancías al mercado de C02 y gravar los bienes producidos según los kilómetros recorridos.
- Con esos ingresos, construcción de un modelo de movilidad alternativo y sostenible, privilegiando los modos de transporte limpios, públicos y complementarios. Nuevas líneas y servicios de autobuses, tranvías, metros o trenes de cercanías más frecuentes y regulares, a sitios más alejados
- Desarrollar medidas para conseguir un uso de las bicicletas orientadas a los trayectos domicilio-trabajo. Es imprescindible una red de carril bici bien interconectada y que sea funcional, que permita acceder con seguridad a todas las zonas de las ciudades y que interconecten pueblos cercanos
- Instaurar un Servicio Público de Alquiler de Bicicletas a gran escala, como pueden haber en ciudades como París y Lyón, ubicados en estaciones intermodales: salidas del tren, del metro, del tranvía, del autobús o de los aparcamientos disuasorios en las afueras de las ciudades. La complementariedad de los diferentes modos de transporte es clave, y el billete único a un precio muy asequible en toda la red es una piedra angular que complemente los otros servicios públicos de transporte.

Los Verdes piden que se declare el salmón “en peligro de extinción”

Los Verdes piden protección para salvar el salmón atlántico en España, ya
al borde de la desaparición.

Para la Coordinadora Verde las actividades humanas son las responsables del
declive dramático de la especie. Los Verdes rechazan los chivos expiatorios
que proponen sectores interesados en la pesca irresponsable hasta el
agotamiento y en la explotación lucrativa sin límite de los recursos y del
territorio. Las causas reales del declive de la especie son la sobrepesca en
el mar y en los ríos, la destrucción del hábitat por obras, encauzamientos
y contaminación y los obstáculos a la subida de los peces a las zonas
fluviales de desove.

Las poblaciones relictas de salmón atlántico sobreviven en Galicia ,
Asturias, Cantabria y País Vasco, habiendo desparecido de Portugal y de
Europa Central.

Para Sonia Ortiga, coportavoz de La Coordinadora Verde “la mayor parte de
las zonas de reproducción de los salmones son ahora inaccesibles para los
peces migratorios, debido a los obstáculos y la contaminación “. Pero no
sólo es ese el problema, sino que “la actual forma de pesca fluvial es
insostenible: en esos pocos cauces salmoneros que quedan, el número de
pescadores es muy grande y las zonas aptas para los peces cada vez se
reducen más en los ríos gallegos, asturianos, cántabros y vascos. Por si
esto no fuese suficiente, los salmones son pescados en los ríos cuando suben
a desovar, antes de que lo hagan; es decir, se impide que se reproduzcan. Ya
no hay salmones en muchos ríos que incluso tuvieron en su día pesquerías
industriales. Con estos mimbres, y con la pesca en el mar en aumento y sin
control, la extinción parece próxima”.
En cuanto a las posibles medidas a tomar, para Florent Marcellesi,
coportavoz de la Coordinadora Verde “una veda amplia se hace imprescindible
para permitir la reproducción, aunque no guste a los pescadores. No sólo se
deben recuperar los cauces, eliminando obstáculos y contaminación, respetar
los bosques de ribera, o comprar derechos de pesca en alta mar y controlar
la pesca, sino que se debe garantizar la reproducción, y ésa tiene lugar en
los ríos”. Con los niveles poblacionales actuales, que son mínimos en la
historia a tenor de las capturas de 2009 (menos de 500 peces en
total), *debería procederse a su inclusión en los libros rojos como especie en peligro de
extinción*, lo que permitiría un desove tranquilo y la reproducción exitosa.
Para Marcellesi “no se deben adoptar medidas coyunturales y retirarlas si el
año próximo aparecen unos pocos cientos de salmones más que en 2009; hay que
trabajar a más largo plazo y conseguir una recuperación poblacional. Eso
pasa por mantener la veda total durante un periodo largo y cuantificar la
evolución de las poblaciones de forma continuada. Se protege ahora o nunca”.

Los Verdes instan a que los hipermercados dejen de utilizar bolsas de plástico

España, al contrario que alguno de sus vecinos de Europa como Alemania o Bélgica y a pesar de iniciativas de algunas cadenas de supermercados, sigue siendo uno de los principales consumidores de bolsas de plástico, en concreto el tercer país europeo en consumo de bolsas. Cada habitante español gasta 238 bolsas de un solo uso cada año, lo que supone un consumo global de 16,000 millones que generan 100,000 toneladas residuos no biodegradables.

Según Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "las bolsas no deberían de entregarse de forma gratuita en los supermercados, ya que esto fomenta su uso indebido. Es imprescindible que se graven las actuales bolsas de plástico para que el periodo de transición sea el menor posible y se cumplan los plazos de ejecución del plan Nacional de Residuos como ya se ha hecho en Irlanda o Inglaterra. Lo mejor sería que siguiendo el ejemplo belga, no se dieran bolsas de plástico gratuitas en los hipermercados. Cada consumidor trae su propia bolsa o carrito y se hace responsable de su compra. Esto es el verdadero consumo responsable."

La Coordinadora Verde hace un llamamiento a las empresas que actualmente producen bolsas de plástico para que modifiquen sus planes de negocio. Según el coportavoz de la Coordinadora Verde Florent Marcellesi: "Las bolsas de plástico son un problema medioambiental de primer orden que las empresas no pueden ni deben oponer a la defensa del empleo. Al contrario, si realmente quieren defender la actividad en su sector de manera sostenida en el tiempo, implica que estas empresas reorienten cuanto antes su negocio, a base de invertir en Investigación y Desarrollo, para lograr hacer bolsas biodegradables y de múltiples usos, como pueden ser las de fécula de patata." Recordando que se abre un buen panorama para la confección y diseño de bolsas de tela, como ya vienen ocurriendo en otros países europeos, donde ha existido un auténtico boom de estos artículos, Florent Marcellesi insiste en que "solo una reconversión ecológica del sector, es decir una adecuada adaptación de las empresas a la producción sostenible y de común acuerdo con las y los trabajadores, puede asegurar que los 11.000 puestos de trabajo en juego se mantengan respetando el medio ambiente".
Verdes de Navarra - Nafarroako Berdeak forman parte de la Coordinadora Verde que es un espacio de confluencia abierto a todos los partidos u organizaciones verdes locales, autonómicos o estatales y colectivos y personas de la sociedad civil que quieran participar en la reconstrucción de un espacio verde autónomo con peso propio en España. Busca caminar hacia la unidad de acción de las y los que se mueven en el eje de la ecología política y refundar el proyecto político verde en base al trabajo en red de las bases del movimiento ecologista.