España, al contrario que alguno de sus vecinos de Europa como Alemania o Bélgica y a pesar de iniciativas de algunas cadenas de supermercados, sigue siendo uno de los principales consumidores de bolsas de plástico, en concreto el tercer país europeo en consumo de bolsas. Cada habitante español gasta 238 bolsas de un solo uso cada año, lo que supone un consumo global de 16,000 millones que generan 100,000 toneladas residuos no biodegradables.
Según Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, "las bolsas no deberían de entregarse de forma gratuita en los supermercados, ya que esto fomenta su uso indebido. Es imprescindible que se graven las actuales bolsas de plástico para que el periodo de transición sea el menor posible y se cumplan los plazos de ejecución del plan Nacional de Residuos como ya se ha hecho en Irlanda o Inglaterra. Lo mejor sería que siguiendo el ejemplo belga, no se dieran bolsas de plástico gratuitas en los hipermercados. Cada consumidor trae su propia bolsa o carrito y se hace responsable de su compra. Esto es el verdadero consumo responsable."
La Coordinadora Verde hace un llamamiento a las empresas que actualmente producen bolsas de plástico para que modifiquen sus planes de negocio. Según el coportavoz de la Coordinadora Verde Florent Marcellesi: "Las bolsas de plástico son un problema medioambiental de primer orden que las empresas no pueden ni deben oponer a la defensa del empleo. Al contrario, si realmente quieren defender la actividad en su sector de manera sostenida en el tiempo, implica que estas empresas reorienten cuanto antes su negocio, a base de invertir en Investigación y Desarrollo, para lograr hacer bolsas biodegradables y de múltiples usos, como pueden ser las de fécula de patata." Recordando que se abre un buen panorama para la confección y diseño de bolsas de tela, como ya vienen ocurriendo en otros países europeos, donde ha existido un auténtico boom de estos artículos, Florent Marcellesi insiste en que "solo una reconversión ecológica del sector, es decir una adecuada adaptación de las empresas a la producción sostenible y de común acuerdo con las y los trabajadores, puede asegurar que los 11.000 puestos de trabajo en juego se mantengan respetando el medio ambiente".
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