La Coordinadora Verde propone destinar un porcentaje del PIB a la
mejora de la Administración de Justicia.
El grupo de trabajo sobre Administración y Justicia de la Coordinadora
Verde propone que en los Presupuestos Generales de Estado se destine
una dotación presupuestaria mínima para la Administración de Justicia
que, según la coportavoz de dicha organización ecologista Sonia
Ortiga, “debería oscilar entre el 0,3 y el 0,5 por ciento del PIB,
durante un período mínimo de ocho años, trascurrido el cual se
valoraría la necesidad de continuar realizando dicho esfuerzo
presupuestario”.
Para Ortiga, “la Justicia es el último baluarte de los ciudadanos
frente a delitos y abusos y necesita contar con los medios humanos,
materiales y tecnológicos necesarios para que este servicio público
esencial pueda desempeñar su función garante en y del Estado de
Derecho”
El coportavoz Florent Marcellesi, por su parte, explica: “Lo que
queremos conseguir es que en nuestro país se consiga el nivel mínimo
de prestación de servicios públicos de Justicia exigible a los países
miembros de la Unión Europea. Si se quiere mejorar la capacidad de
España de garantizar los derechos fundamentales y las salvaguardas
procesales mínimas, es imprescindible conseguir un progreso sustancial
en los medios con los que cuenta la Administración de Justicia.
Conseguir esos objetivos, así como los de los Programas de La Haya y
de Estocolmo en materia de libertad, seguridad y justicia y avanzar
hacia la consecución de una Justicia respetuosa del medio ambiente en
sus prácticas y protectora del mismo, significará avanzar en el modelo
europeo de sociedad, del que la Justicia es uno de sus valores
fundamentales”.
La organización ecologista señala que con el Plan de Modernización de
la Justicia aprobado por el Gobierno no acabará con el atasco
judicial, ya que el retraso más importante no se encuentra en las
apelaciones sino en la primera instancia, como ponen de manifiesto los
propios datos del Consejo del Poder Judicial, por lo que se hace
necesaria una política de más largo recorrido. Las medidas que
pretende adoptar el Gobierno sólo son un parche que no resuelve el
problema de falta de medios que tiene la Justicia en España. El plan
aprobado nos mantiene alejados de la media europea de jueces por cada
100.000 habitantes, del cumplimiento de los objetivos previstos en los
planes europeos en materia de Justicia y esconde un recorte de
derechos. Un dato a recordar es que del total de jueces en activo el
17% son jueces sustitutos, dato incompatible con una Justicia de
calidad.
La Coordinadora Verde señala como objetivos de esta dotación
presupuestaria:
- La conversión de la Administración de Justicia en un servicio
público ágil, acorde con las exigencias de los tratados
internacionales en materia de derechos humanos, para lo que habrá que
dotarla de recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados,
previa implantación de planes de calidad y auditoría.
- Incremento de las ratios de número de juzgados y tribunales, así como de jueces y funcionarios por habitante
- Agilización de los procesos judiciales hasta que la duración de los
mismos alcance los estándares mínimos acordes con las exigencias del Tratado Europeo de Derechos Humanos.
- Fomento de los procesos de arbitraje, mejora de la calidad de las sentencias en las primeras instancias y evitación de recursos nnecesarios.
- Introducir en la Administración de Justicia conceptos e instrumentos que orienten la prestación de este servicio público hacia una Justicia protectora del medio ambiente, que contemple en sus prácticas el necesario respeto del mismo.
