La Coordinadora Verde exige a TVE romper la censura del Gobierno

Los ecologistas piden la emisión íntegra del capítulo 12 de Las riberas del
mar océano.


Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, ha manifestado hoy
que es intolerable que en una democracia se puedan dar órdenes desde el
Gobierno a una televisión pública, pagada por la ciudadanía, para que se
censure parte del contenido de un documental, pagado con dinero público, sobre
la destrucción de la costa, patrimonio también de todos los españoles, a
causa del urbanismo salvaje y la corrupción asociada que corroe a nuestro
país.


El coportavoz se refiere de esta manera a la noticia publicada por un medio
nacional que informa del bloqueo por parte del Ministerio de Medio Ambiente
del documental encargado en 2006 por Cristina Narbona sobre la destrucción
del litoral y que fue financiado con 1.292.874 euros de dinero público. El
MARM pretende ahora censurar dos minutos de dicho documental, donde aparecen
noticias del Telediario referidas a la corrupción urbanística en el litoral.


La coportavoz de la plataforma ecologista, Sonia Ortiga, exige la emisión
íntegra del documental “porque no se pueden hacer concesiones a los
corruptos, sobre todo cuando el partido gobernante y el primer partido de la
oposición son los que han protagonizado el mayor número de escándalos
urbanísticos en nuestro país y aún no se han tomado las medidas adecuadas
para evitarlos en el futuro”. A este respecto, Ortiga recuerda que la
Coordinadora Verde ha pedido más transparencia y participación social en los
trámites administrativos relacionados con el urbanismo, así como el
endurecimiento de las penas a quienes cometan este tipo de delitos.


La Coordinadora Verde se hace eco una vez más del informe de la Sra Auken,
eurodiputada de Los Verdes, que critica con dureza desde el Parlamento
europeo la urbanización masiva en España y sugiere suspender las ayudas de
la Unión Europa en caso de que no se remedien los problemas. España debe
dejar de ignorar la realidad de la especulación y corrupción urbanística y
los abusos contra el derecho de la propiedad, y debe admitir que este
modelo de urbanismo esta totalmente caduco y empeora las consecuencias de la
crisis económica y ecológica.