Solidaridad verde con Garzón

La Coordinadora Verde ha expresado hoy públicamente su solidaridad con el
juez Garzón en la causa abierta por declararse competente para investigar
los crímenes del franquismo, una instrucción iniciada como consecuencia de
la querella por prevaricación presentada contra él por un grupo afín a la
extrema derecha.


Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, ha manifestado que “nos
sumamos a la solidaridad expresada desde dentro y fuera de nuestras
fronteras a la actuación del juez Garzón, porque para Los Verdes no hay ley
de punto final que pueda amparar los crímenes contra la humanidad que
perpetró la dictadura franquista en España durante un largo período de
ausencia de libertades y represión política".


El coportavoz de la organización ecologista, Florent Marcellesi, ha
lamentado que durante la transición española desde el régimen de dictadura
política a la democracia se intentara cerrar en falso uno de los capítulos
más negros de la historia del país y ha añadido que “es la legalidad
internacional la que obligaba al juez Garzón a investigar las
desapariciones forzadas del franquismo, por lo que sentar al juez en el
banquillo por no aplicar la ley de amnistía es ignorar el ordenamiento
jurídico nternacional que España está obligada a respetar"


La Coordinadora Verde desea trasladar al CGPJ su estupor ante la perspectiva
de que se pueda apartar de su labor a un juez por cumplir su misión de
investigar y perseguir delitos impunes, una labor por la que el mismo juez
ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional por las causas
referidas a otros países en los que perduraba la impunidad de dictadores y
tiranos en ejercicio o depuestos, por lo que no puede entenderse que
precisamente por una iniciativa similar contra los cómplices de la dictadura
española pueda ser castigado en su propio país.


Los Verdes señalan que la politización de la justicia es un grave problema
en España al que urge poner solución, ya que al preservar la independencia
de la justicia se preserva también el ejercicio de derechos ciudadanos
esenciales. Los ecologistas, por último, expresan su deseo de consolidación
del Tribunal Penal Internacional, dotándolo de medios.