No rotundo de la Coordinadora Verde al retraso de la edad de
jubilación hasta los 67 años.
La organización ecologista exige que la protección contra la pobreza
en la edad avanzada sea universal, defiende ampliar la base de
financiación de los sistemas de bienestar y propone suprimir los
incentivos fiscales de los fondos privados de pensiones.
El coportavoz de la Coordinadora Verde, Florent Marcellesi, ha
manifestado hoy que la propuesta de retrasar la edad jubilación hasta
los 67 años, que se repite a lo largo y ancho del territorio europeo,
forma parte de un capítulo más de la lucha entre mercados y gobiernos
por establecer quién regula a quién y que, en concreto, “se trata de
una lucha entre los fondos privados de pensiones y los sistemas
públicos”. Ante esta ofensiva de los mercados, Marcellesi declara que
la organización ecologista apuesta por un modelo de pensiones
sostenibles y genuinamente universales, basado en la ampliación de sus
fuentes de financiación a todos los impuestos generales y cualquier
otra forma de ingreso. “Ya es hora de desechar el anacronismo que las
limita a la cotización de los trabajadores, como es hora también de
suprimir los incentivos fiscales públicos a quienes suscriben fondos
privados de pensiones y empezar a luchar decididamente contra el
fraude fiscal, en vez de entrar en una dinámica de recorte de gastos
públicos”, ha defendido el portavoz.
La Coordinadora Verde propone, como premisa básica, que cualquier
sistema de pensiones garantice la justicia social. “Nuestra exigencia
fundamental es que la protección contra la pobreza en la edad avanzada
sea universal, incluyendo a mujeres y hombres, nativos e inmigrantes,
gentes de diferentes profesiones, autónomos, personas que lograron
asegurar su empleo y otras que sufrieron el desempleo prolongado o
jamás realizaron ningún trabajo retribuido”, ha insisitido Marcellesi.
Para la financiación de tal sistema de pensiones, la plataforma
ecologista apuesta por ampliar la base de financiación de los sistemas
de bienestar, "incluyendo, entre otros, los ingresos procedentes de
impuestos sobre beneficios, plusvalías y consumo". Por otra parte,
mantiene que el capital y las empresas deben asumir su participación
justa en los impuestos y las contribuciones sociales, lo que implica
incrementar la intensidad y la eficacia de la lucha contra el fraude y
la evasión y contra los paraísos fiscales. A este respecto, los
ecologistas recuerdan que en España los impuestos están cuatro puntos
por debajo de la media de la Unión Europea, que el gasto público se
sitúa en ocho puntos por debajo, a casi quince puntos del PIB de
países como Alemania, Francia, Dinamarca o Suecia y que existe, por
tanto, un margen amplio para ampliar la presión fiscal en la sociedad
española, incluso para financiar sólo con ella el crecimiento de las
pensiones en el PIB.
Por su parte, Sonia Ortiga, coportavoz asimismo de la plataforma
verde, señala que “no deben existir incentivos fiscales socialmente
injustos para esquemas de naturaleza privada: un enorme porcentaje de
los fondos de pensiones se utiliza actualmente para fines
especulativos y de inversión en actividades socialmente irresponsables
e insostenibles. Desde la Coordinadora Verde pedimos medidas
obligatorias para reorientar sus inversiones hacia actividades
enfocadas a la sostenibilidad y que sean socialmente responsables”
La coportavoz explica que en la medida en que cada vez son más las
personas que se desplazan por los diferentes Estados miembros de la UE
durante su vida laboral, "queremos garantizar también la portabilidad
de los derechos en la Unión Europea, al tiempo que se respetan las
obligaciones fiscales. Proponemos, por otra parte, que se fomente la
colaboración entre los Estados miembros de la UE mediante el
intercambio de información y promoción de debates periódicos sobre los
respectivos sistemas de pensiones, con el fin de elaborar una
legislación conjunta para erradicar la pobreza en edades avanzadas”.
La Coordinadora Verde propone desarrollar esquemas flexibles de
pensiones que otorguen a la población pensionista el derecho a
disfrutar de la edad avanzada mientras se goza de buena salud, lo que
puede significar posibilidades de retiro anticipado, en unos casos, y
posibilidades de pensiones diferidas, en otros. Por último, y en
palabras de Sonia Ortiga, “se trata también de conseguir la justicia
de género en los sistemas de pensiones, ya que teniendo en cuenta la
menor retribución de las mujeres a igualdad de trabajo y que la
asignación de las pensiones se basa en el tiempo cotizado, ambas
circunstancias perjudican claramente a las mujeres, que acaban
percibiendo una pensión inferior”
De manera general y como profunda reforma del sistema productivo, la
organización ecologista aboga por una renta básica de ciudadanía
universal, incondicional y que cubra las necesidades básica, a fin de
luchar contra la exclusión social, valorar las actividades sociales y
ecológicas y garantizar que no exista discontinuidad de renta en caso
de discontinuidad del empleo.
