En un momento donde afloran casos de prácticas administrativas irregulares, de las que se han beneficiado algunos empresarios, políticos y funcionarios, la única respuesta que nos llega desde todos los ámbitos son acusaciones mutuas y generalizaciones. Pero no todos los políticos son iguales, ni todos los funcionarios, ni siquiera los empresarios. La Coordinadora Verde propone, ante la corrupción, medidas concretas que dificultarían la aparición de nuevos casos.
No solamente se proponen medidas, sino que se han intentado aplicar en las áreas de gobierno cuya responsabilidad desempeñan miembros de la Coordinadora Verde. Es el caso de la Dirección General de Política Forestal de Asturias y el Banco de Tierras de esta comunidad. Estos dos organismos publicaron en 2010 la relación de contratos menores de cada departamento, así como las dietas y retribuciones de los altos cargos que los dirigen: Joaquín Arce (Director General de Política Forestal) y María Hernández (Gerenta Banco de Tierras), ambos pertenecientes a Los Verdes de Asturias.
La Dirección General de Modernización, que es el organismo responsable de la web oficial del gobierno autonómico eliminó a los pocos días la información, en el mes de noviembre. Esta Dirección General de Modernización está encabezada por Alberto Pérez Cueto, quien además, era el superior jerárquico directo de la funcionaria Marta Renedo, encarcelada el pasado 26 de enero por desviar supuestamente fondos públicos a una empresa propia, y por supuestos cobros de comisiones. La investigación judicial abierta contra Renedo, que ha arrastrado a la cárcel al ex consejero Riopedre y a su «número dos» en la Consejería de Educación, ha puesto en tela de juicio la transparencia en la gestión de los fondos públicos.
Las razones aducidas ante la Consejería de Medio Rural y Pesca, de la que depende la Dirección General de Política Forestal, se limitan a decir que dar publicidad a esos datos es una política de Gobierno y que no se podían publicar.
Realmente no existe impedimento legal alguno para que esa información se dé a conocer. En la comunidad de Cantabria, por ejemplo, es obligatorio dar a conocer los datos de los contratos menores, aquellos para los que no es necesario convocar concurso público. Si esa obligación de publicidad fuese universal para todas las administraciones, posiblemente no estaríamos ante estos problemas, la transparencia es una medida bastante eficaz contra el fraude y la corrupción. Hay un tipo de control muy importante, que es el que ejercen entre sí las empresas competidoras. En el caso de Política Forestal, se colgaron unos doscientos contratos en la red durante unos veinte días. Ante la censura informativa los mismos datos se han colgado en la página de Los Verdes de Asturias, y se seguirá haciendo con periodicidad trimestral.
Desde nuestra experiencia de gobierno, como verdes, creemos que no sólo deberían publicarse los contratos y las dietas y retribuciones, sino también crear una oficina de investigación, una especie de «asuntos internos» de la Administración regional, distinta de los servicios ya existentes de intervención. Este grupo selecto de «policía» de la Administración tendría por misión la búsqueda de posibles prácticas irregulares. Estos «asuntos internos» ya existen en la Administración europea, la Oficina de Lucha contra el Fraude, OLAF.
Proponemos además otra medida higiénica, como es la rotación en los puestos considerados «sensibles», esto es, aquellos en los que se hace necesario un contacto habitual con empresarios y en torno a los cuales se genera actividad económica. De esta forma se evitaría que los funcionarios terminasen sufriendo tentaciones. Para Los Verdes, el problema de la corrupción no tiene que ver con los puestos de libre designación, sino con el hecho de que en la Administración trabajen miles personas, por lo que hay un porcentaje de personas que pueden verse tentadas, sean funcionarios de carrera, laborales, interinos o de libre designación.